POLÍTICA

El PSOE acusa a la Junta de 'asesinar' a la Función Pública por una sentencia 'demoledora' y pide responsabilidades políticas

  • Martín considera que este 'zasca en toda la boca' a Mañueco, Isabel Alonso, Del Olmo y De Santiago-Juárez 'tendrá gran impacto' porque ahora 'hay plazas que no existen'.

Ical - jueves, 27 de diciembre de 2018

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, acusó este jueves a la Junta de Castilla y León de ''asesinar'' a la Función Pública tras conocerse la sentencia ''demoledora'' del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL), que declara declaró nulo de pleno derecho el acuerdo por el que se aprueba el catálogo de puestos tipo de personal funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos.

Por esta razón, pidió responsabilidades políticas por el ''impacto'' que tendrá a partir de ahora, ''si no se corrige y se empieza de nuevo'', y advirtió de que el nuevo presidente de la Junta a partir de mayo ''tendrá sobre la mesa una patata muy caliente'' con este asunto.

Martín calificó de ''varapalo'' y ''zasca en toda la boca'' la sentencia de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Valladolid, porque ''anula la piedra angular de la Función Pública, el catálogo de puestos de trabajo'' publicado en el Bocyl en 2017. ''Es como un dominó. Ahora se cae todo lo demás y se anula también la provisión de puestos de trabajo y los concursos de méritos, permanentes, abiertos...'', sostuvo el dirigente socialista, quien incluso cree que repercute en la carrera profesional recientemente aprobada en las Cortes, que ''plantea que el personal interino debía presentarse a oposición, en unas plazas que por esta sentencia quedan anuladas''.

''La Función Pública está muerta; más bien asesinada'', apostilló Martín, quien personalizó este hecho en cuatro personas. Por un lado, el procurador y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien se ocupó de esta responsabilidad a partir de 2007 como consejero de la Presidencia, y más tarde de Interior y Justicia. También, su sucesora ''escudera'' Isabel Alonso, a la que siguió la actual consejero de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que recogió las competencias de Función Pública en 2015, y que en la actual legislatura desempeña el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.

''Cuatro magníficos gestores que han asesinado la función pública regional. El último es el matador, que acumula fracasos como la Agenda dela Población o la Ordenación del Territorio y ahora suma éste. Su único mérito fue conseguir el suspenso del Toro de la Vega'', espetó.

Igualmente, recordó que la Sala otorga a la Junta la posibilidad de recurrir en Casación en el Tribunal Supremo, pero ''le aconseja que tiene pocas posibilidades, por haberse basado la sentencia en jurisprudencia''. Incluso, Martín va más allá y considera que este catálogo, ahora suspendido, era una ''venganza personal'' de Del Olmo, porque no existe la figura de inspector de Hacienda. ''Ya me habían avisado. Con esta decisión envía un mensaje muy claro a la sociedad y a posibles inversores de que nos cargamos a los inspectores de Hacienda'', apuntó. No obstante, reiteró que ''esto también se lo ha cargado el juzgado'', que con esta sentencia insta al Gobierno regional a ''empezar de nuevo con una disposición general, no un acuerdo, y que tenga una memoria y un informe. El acuerdo al menos podría haber sido honrado, pero se ha hecho como bandoleros'', deslizó.

Efectos sobre el empleo público

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista analizó también los efectos ''mortales'' sobre el empleo público que pueda tener esta sentencia, pues los trabajadores tendrán ''la espada de Damocles'' encima ''porque no sabrán si su puesto existe o no'', al igual que sucede con los que se están preparando la oposición, que ahora mismo, con esta decisión, tampoco conocen si la plaza para la que estudian se hallará cuando concluyan.

Aunque reclamó ''responsabilidades políticas'' por este hecho a los cuatro consejeros y exconsejeros, calificó de ''cobardía política'' de los responsables al cesar pocos días antes de conocerse la sentencia a la jefa de los servicios jurídicos. ''Son unos inconscientes que nunca piensan en la sociedad. Si siguen adelante con esto, el Supremo en uno o dos años lo tirará todo, porque ellos están más preocupados en darse puñaladas entre ellos'', concluyó.

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