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EDUCACIÓN ESPECIAL

Más de 5.000 personas se manifiestan en Valladolid para exigir a Cermi la defensa de los centros de Educación Especial

  • Castilla y León cuenta, según los últimos datos disponibles por el Ministerio de Educación correspondiente al curso 2016-2017, con 1.319 alumnos en Educación Especial mientras que la cifra en el conjunto del país supera los 37.000.

Europa Press - sábado, 23 de febrero de 2019

Más de 5.000 personas, según los organizadores y la Policía Local, se han manifestado  por las calles de Valladolid para exigir al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) la defensa de los centros de Educación Especial al asegurar que son "agentes activos" y "herramientas" de inclusión social, además de la "joya de la Corona" del sistema educativo nacional. La marcha concluyó frente a la sede de Cermi Castilla y León con gritos 'No es un capricho. Es una necesidad'.

Las familias con niños con discapacidad, junto a profesores, acudieron desde varios puntos de España a la llamada de la Plataforma 'Educación inclusiva sí, especial también', de la que forman parte una treintena de asociaciones de dependencia y enfermedades raras y asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) de Castilla y León.

Los manifestantes, que portaban el característico corazón verde, mostraron su malestar y desacuerdo con las medidas propuestas por el Cermi en el Consejo Escolar del Estado, en las que solicita la reorientación de los centros educativos de educación especial en centros de recursos de apoyo, eliminando los colegios de educación especial que son centros activos de la inclusión en todos los ámbitos de la vida de este tipo de alumnado.

La presidenta de la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León, Yolanda de la Viuda, consideró un "rotundo éxito" la manifestación de Valladolid porque las familias han gritado un 'Basta ya', que debe servir para que Cermi les escuche, "recapacite" y "de marcha atrás" a su posición.

Las entidades defienden un modelo educativo "en el que cabe la inclusión a la vez que la educación especial, ya que explican que la inclusión no se da solo en los centros escolares, sino en todos los ámbitos de la vida, y para que estos niños estén preparados para una sociedad inclusiva, necesitan del proyecto educativo de los colegios de educación especial, siendo éstos quienes les están preparando para una vida adulta en equidad e igualdad con el resto de la sociedad". De ahí que pidan el derecho a decidir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos.

Castilla y León cuenta, según los últimos datos disponibles por el Ministerio de Educación correspondiente al curso 2016-2017, con 1.319 alumnos en Educación Especial mientras que la cifra en el conjunto del país supera los 37.000.

Los participantes en la movilización también cargaron contra la ministra de Educación, Isabel Celaá, después de sus declaraciones para convertir los centros de Educación Especial en colegios sectoriales de apoyo a la inclusión, lo que supondría el trasvase de sus alumnos al sistema ordinario, tal y como contempla el proyecto de ley para la reforma de la LOE. La cabecera de la marcha llevaba una pancarta con los lemas 'No al cierre de los colegios de Educación Especial' y 'La Educación Especial es una herramienta de inclusión social'.

QUÉ DICE LA LEY CELAÁ

En concreto, el proyecto normativo señala que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas" debe desarrollar "un plan para que en el plazo de diez años" se logre ese objetivo de acuerdo con el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

"Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios", se añade en la 'Ley Celaá'.

Este pasado miércoles 20 de febrero, la ministra de Educación y Formación Profesional aseguró en el Congreso que los centros de educación especial "no se van a cerrar" y acusó al Partido Popular de usar "mantras" sobre su proyecto de ley de reforma del sistema educativo que no son verdad.

En respuesta a una pregunta del PP, Celaá afirmó que no tiene "ninguna intención" de cerrar estos centros y que lo que pretende su norma es "incorporar a niños con cierta diversidad funcional" en colegios ordinarios "estableciendo recursos para ello" y siempre que sus familias así lo soliciten.

"Por lo tanto, atendiendo al interés superior del menor y en acuerdo con las familias, se escolarizará en centros ordinarios cuando se decida o en especializados", subrayó la ministra en el Congreso.

EDUCACIÓN ESPECIAL EN CIFRAS: 37.136 ALUMNOS Y 8.232 PROFESORES

En España hay 37.136 alumnos matriculados en centros de Educación Especial este curso 2018-2019, el 0,45% de la población escolar, que asciende a 8,17 millones de alumnos. El 59,6% en los 191 colegios públicos, mientras que el 40% restante son atendidos en los 280 centros concertados. Además, hay 8.232 profesores, según los últimos datos del Ministerio de Educación, recogidos por Europa Press.

De forma paralela, hay 1,89 millones de alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en centros ordinarios (el 23,1% de la población escolar), a los que se les adapta los currículos y los métodos de enseñanza. Se trata de un grupo muy heterogéneo, pues no solo lo integran alumnos con discapacidad, sino niños con déficit de atención, dislexia, trastornos de conducta o altas capacidades.

En los centros de Educación Especial se imparte Educación Infantil adaptada a las necesidades y competencias individuales de niños de entre tres y cinco años y Enseñanza Básica Obligatoria desde los seis años hasta los 16/18 años, dividida, a su vez, en Primaria (6-12 años) y Secundaria Obligatoria (13-16/18 años).

A partir de los 17/18 años hasta los 21, los alumnos pueden matricularse en Programas de transición a la vida adulta, con una oferta formativa orientada a facilitar la autonomía personal y la integración social y laboral.

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