POLÍTICA

Las Cortes instan a estudiar la movilidad de dependientes del medio rural en el nuevo mapa de transporte

  • Laura Domínguez critica que el PP no facilite la igualdad en el acceso al catálogo de servicios a la dependencia.

Ical - miércoles, 14 de noviembre de 2018

Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles por unanimidad de los grupos que se estudien las necesidades de movilidad de las personas mayores dependientes del mundo rural para su acceso a los programas de envejecimiento activo y en el marco del nuevo mapa de transporte público de viajeros.

Así lo recoge la enmienda del Grupo Popular, defendida por Mar González, que asumió la ponente de la proposición no de ley, la procuradora de Podemos Laura Domínguez, que lamentó, no obstante, que no se recogiera el primer punto en el que, en su opinión, se garantiza el derecho a la igualdad en el acceso al catalogo de los servicios a la dependencia.

La portavoz de Familia e Igualdad de Oportunidades de Podemos, Laura Domínguez, enmarcó la proposición no de ley de su grupo en algunas lagunas de la norma nacional y recordó que la realidad es que para las personas con dependencia que viven en el medio rural no se pueden utilizar los mismos criterios que para las que viven en el medio urbano o semiurbano que sí se dota de una serie de prestaciones y de programas de envejecimiento activo.

''Vivir en el medio rural y tener dependencia significa unos costes de tiempo, de dinero y de sacrificio familiar mayor si aún cabe que el que ya se tiene en el medio urbano'', explicó Domínguez que acompañó su exposición de tres ejemplos reales de personas que se trasladan a la ciudad para recibir las prestaciones y lo pagan de su bolsillo.

La iniciativa de Podemos para mejorar las ayudas de dependientes en el medio rural contó con el respaldo de todos los grupos de la oposición, pese a que no aceptó una enmienda de Ciudadanos en la que pedía estudiar la incorporación en la orden de Familia el establecimiento de las ayudas para el kilometraje para facilitar que las personas del medio rural accedan a los servicios.

Luis Mariano Santos (UPL) se sumó a la propuesta y reclamó políticas más flexibles y de la socialista Ana Muñoz de la Peña, que criticó el modelo residencial de la Junta al considerar que perjudica a quien menos recursos tiene.

Por su parte, la popular Mar González defendió que la Junta está comprometida con el medio rural con el objetivo de contribuir al bienestar, desarrollo y mantener la población, a la vez que rechazó el ''discurso catastrofista'' y subrayó que en Castilla y León las cuantías de las prestaciones vinculadas son superiores que en otras comunidades.

También, recordó la apuesta de la Consejería de Familia por un modelo profesionalizado, por los centros multiservicios -de 337, un total de 231 están en el medio rural-, el asistente personal o el programa 'A gusto en mi casa'.

Residencias de ancianos

Por otra parte, el Grupo Popular rechazó este miércoles una proposición no de ley presentada por el PSCyL en la que se solicitaba la modificación del decreto que regula la autorización y funcionamiento de las residencias de ancianos con el fin de garantizar que los residentes tengan garantizadas las condiciones de atención adecuada.

La PNL, defendida por la procuradora Ana Muñoz de la Peña, y que contó con el apoyo de todos los grupos de la oposición, planteaba que existiera el suficiente personal de atención directa para ayudar a las personas residentes en las tareas básicas de su vida diaria, garantizando como mínimo 0,28 profesionales por cada residente Grado III, 0,27 profesionales por cada residente Grado II y 0,202 por cada residente Grado I.

A su vez, también reclamaba la elaboración de un Plan de Inversión para aumentar el número de plazas de titularidad y gestión públicas de atención residencial ya que ahora sólo representan el 33 por ciento y la integración en su red de centros residenciales de titularidad pública las residencias de personas mayores y los centros de personas con discapacidad de titularidad de las diputaciones provinciales.

Desde el Grupo Popular, Emilio Cabada, rechazó la PNL del Grupo Socialita por no ''aportar nada nuevo'', y recalcó que ya está en funcionamiento un plan de inversiones sociales para el periodo 2016-2020 dotado con 728 millones de euros, y apuntó que este año el presupuesto destinado a inversiones se ha incrementado un 50 por ciento.

Además, aseguró que en Castilla y León todas las personas dependientes tiene acceso a una plaza pública, ya sea de residencia o de centro de día, y subrayó que la Comunidad tiene el ratio más alto de cobertura de España.

También rechazó que los ayuntamientos y las diputaciones pierdan sus competencias en servicios sociales, e indicó que las familias de los residentes ya están recibiendo sobre las condiciones en las que se presta la atención.

Por su parte, Muñoz de la Peña, lamentó el rechazo del PP y criticó la falta de un modelo estable que regule las residencias y que evite, como ocurrió recientemente, que un programa de televisión saque a relucir las ''verguenzas'' de algunas residencias. Además, denunció que Castilla y León fue la comunidad donde más se recortaron las ayudas a la Dependencia de toda España.

Desde Podemos, Laura Domínguez también denunció la falta de personal en las residencias públicas y la falta de control de las residencias privadas, a la vez que acusó al PP de hipotecar a las familias de Castilla y León apoyando al sector privado. Además, lamentó que en lugar de incrementarse las plazas públicas, desde el año 2012 se han perdido más de 250 plazas.

De forma similar se pronunció Manuel Mitadiel (Ciudadanos), que criticó que las plantillas, tanto en los centros públicos como privados son insuficientes como consecuencia de los recortes llevados a cabo durante la crisis.

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