Sociedad

UGT baraja denunciar el 'maltrato' que sufren los dependientes de las residencias privadas por los "mínimos" ratios de personal

  • El sindicato recuerda que la dependencia no es un "negocio" sino un "derecho" ante la entrada de empresas constructoras y fondos de inversión

Ical - viernes, 10 de enero de 2020

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León se plantea acudir a la Inspección de Trabajo para denunciar el "maltrato de cuidado" que sufren las personas mayores y los dependientes de las residencias y centros de día privados por las "mínimas" ratios de personal y la presión que sufren los empleados, mayoritariamente mujeres, que impiden prestar una atención adecuada y profesional.

El sindicato no se refirió a un maltrato físico, como tal, sino de un maltrato "degradante" que no potencia la autonomía del mayor. Pusieron como ejemplo la imposibilidad de la gerocultora para revisar los pañales, lo que motiva que las personas dependientes se hagan encima sus necesidades, no poder escucharlas, fomentar el uso de la silla de ruedas para facilitar los desplazamientos y despertarles a las 5,30 horas de la mañana y acostarles a las 19,30 horas ante la imposibilidad de atender a todos los residentes.

Tras dar a conocer hoy un informe de valoración sobre las residencia privadas en la Comunidad, el secretario autonómico de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Tomás Pérez, sentenció que la dependencia no es "negocio" sino un "derecho", al igual que el resto de los pilares del Estado del Bienestar como las pensiones, la educación y la sanidad. No en vano, alertó de la "connivencia" de la Junta para que las antiguas empresas constructoras y los fondos de inversión, cuando no "buitres" hayan entrado de lleno en la gestión de las residencias privadas de la Comunidad.

Pérez denunció el sistema "perverso" que  fomenta la Junta por el que las empresas ahorran en la contratación de personal pero siguen aceptando más usuarios. Un modelo que criticó porque afecta a la salud de las empleadas de estas residencias privadas. "Sufren un problema emocional muy fuerte porque se crean lazos afectivos con los pacientes pero, al no poder atenderlos como deberían, les genera impotencia y depresiones", explicó.

UGT también alertó de que la presión y la carga de trabajo que padecen las empleadas de los centros privados causan que las empresas tengan muchos problemas para encontrar personal cualificado en algunas zonas de la Comunidad. De ahí que estas compañías hayan solicitado a la Junta la posibilidad de contratar a otros empleados, aunque no tengan la titulación requerida. "Son muchas las empleadas de este sector que prefieren trabajan en la hostelería", señaló.

El sindicato puso el acento en la situación del sector de las residencias en Castilla y León, que cuenta con 571 centros, aunque solo una quincena son cien por cien públicas (gestionadas por la Junta y con personal público), que se engloban en las 130 consideradas públicas pero con gestión privada, como ocurre con las de los ayuntamientos y las diputaciones. Además, hay otras 154 que pertenecen a entidades sin ánimo de lucro, como las que pertenecen a las órdenes religiosas. El grueso de residencias en la región pertenece a las empresas privadas, que suman 287.

Es decir, de las 47.800 plazas existentes, 42.448 son privadas, 1.937 concertadas y 3.415 totalmente públicas, al ser gestionadas por la propia Gerencia regional de Servicios Sociales de la Junta. "¿Cuántas residencias públicas ha construido en los últimos diez años en Castilla y León"", preguntó Tomás Pérez y respondió que no más de cinco.

Precio de las plazas

Todo ello, repercute en el precio de las plazas de residencias, que varía entre los 1.200 euros de media al mes en una pública hasta los 2.800 euros de una privada. "La Junta hace mínimos esfuerzos para que las familias tengan a sus mayores en sus residencias a precios asequibles, que les impida hipotecarse, y sin listas de espera de más de un año", añadió Pérez.

La secretaria del Sector Socio Sanitario de la FeSP de UGT Castilla y León, Fonsi Bonafonte, denunció los entornos de trabajo "poco saludables", con jornadas laborales de seis días a la semana y sin descansos. "Al final, las empleadas acaban destrozadas, tanto en las residencias privadas como públicas. Con los sueldos y las cargas de trabajo, las trabajadoras huyen, porque la Junta no hace nada para dignificar el trabajo de los cuidados", expuso.

"Propaganda" de la Junta

UGT lamentó que la administración solo busca "enmascararar" la política "deficiente" con mucha "propaganda", al escudarse en el sobresaliente que le otorga la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales por la gestión de la dependencia. También exigió conocer el número de denuncias presentadas por los familiares contra los centros privados y la cifra de las investigaciones que se han llevado a cabo, ante la falta de contestación de los requerimientos que ha presentado el sindicato. "Existe un matrimonio de conveniencia entre la Junta y las empresas privadas que obligan a la administración a mirar hacia otro lado antes las denuncias de los familias y las empleadas", añadió Bonafonte.

Es por ello que el sindicato valore impugnar el decreto de acreditación y autorización de centros residenciales para personas mayores que está en trámite, al igual que ha ocurrido con los dos anteriores. "La Junta no tiene previsto mejorar el nuevo decreto, pese a que fue tumbado por los tribunales. Hay que un problema grande de contenido", expuso.

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