Tribunales

Desestimados los recursos del PSOE y la Fiscalía en el caso del Edificio de Arroyo y Portillo

 - rtvcyl.es
MiriamChacoN
  • La Audiencia Provincial rechaza investigar el alquiler de la sede de Bruselas por la 'tardía introducción de la cuestión', como pedían los socialistas

Ical - lunes, 7 de octubre de 2019

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid rechaza en un auto los recursos presentados por el PSOE y el Ministerio Fiscal contra una resolución emitida en febrero por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, en el caso iniciado por las presuntas irregularidades en la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, conocido como la Perla Negra, y de los terrenos para el polígono de Portillo, ambos en Valladolid.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), la Audiencia confirma el auto del juzgado que incluyó a 12 investigados, entre los que se encuentra la excúpula de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León y seis empresarios. Además de rechazar en abril el recurso de reforma, se aceptó el de apelación, que ahora se desestima, tanto en el caso del formulado por el PSOE, como el de la Fiscalía.

En relación al presentado por el Partido Socialista, la Audiencia explica que "dada la complejidad y lo prolongado en el tiempo de instrucción" no debe efectuarse ninguna otra actuación en relación a un arrendamiento -sede de la Junta- a la empresa Colovis S.A. en Bruselas por parte de ADE Europa, dado la "tardía introducción de la cuestión".

En cuanto al sobreseimiento respecto a uno de los investigados, J.J.M. (Jesús Jiménez Miguel), asegura que no existen indicios suficientes de que tuviera decisión alguna sobre el abono de las facturas a Parqueolid, sino que, lo que se desprende de la instrucción, es, únicamente, que intervino en las negociaciones sobre la venta de parcelas a posteriori, pero sin capacidad de decisión, porque las decisiones las habían tomado, indiciariamente, R.D. y B.H. (Rafael Delgado y Begoña Hernández).

De la misma forma, sobre el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, considera que debe igualmente rechazarse el sobreseimiento de la causa respecto a J.J. Además, expone que el auto recurrido, también por las defensas de los imputados, contiene todos los elementos requeridos jurisprudencialmente para ser considerado "ajustado a derecho".

Asimismo, defiende que se hace un "relato absolutamente pormenorizado de qué hechos se entienden cometidos y por quien, y no solo eso, sino que, efectuando un análisis certero de probabilidad, como se exige por el Tribunal Supremo". También la Sala ratifica que las diligencias instructoras de prueba tienen "entidad suficiente" para que se abra juicio oral contra los investigados.

El auto recurrido, indica, supone un "filtro procesal" que evita acusaciones "sorpresivas o infundadas".

Investigados

En el auto de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, César Gil Margareto, mantuvo la imputación sobre los exviceconsejeros de Economía y Empleo, Rafael Delgado y Begoña Hernández. Además, dentro de la excúpula de Economía, también mantuvo las acusaciones sobre Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, director gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales; Francisco Armero, director financiero de ADE Parques y Gesturcal, y Alberto Esgueva, director de la División de Internalización de ADE.

Entre los empresarios, se imputa a los responsables de Urban Proyecta Luis Antonio Recio García, Ángel Román Montes López y Germán José Martín Giraldo, empresa con la que la Junta suscribió el contrato, primero de arrendamiento y luego de compra, del edificio de Arroyo, así como a Alberto Esgueva , exsocio de Rafael Delgado, y a su hermano Francisco.

En aquel auto, el juez dictó el sobreseimiento de la causa respecto de José Rodríguez-Sanz Pastor, Pilar Manteca Barrio, Jesús Jiménez Miguel, Luis María García Clérigo y Jesús Rodríguez Recio.

Delitos

El juez argumentó que el equipo del entonces consejero Tomás Villanueva actuó en connivencia con Urban Proyecta, para la compra del edificio de Arroyo, como con Parque Empresarial de Portillo en la compra de terrenos para un polígono que nunca llegó a construirse. El juez atribuye a los imputados los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración, malversación y cohecho. En el auto se distinguen los hechos relacionados con el edificio de Arroyo de la Encomienda y los relacionados con el parque empresarial de Portillo.

En la compra del edificio de Arroyo, asegura que Urban Proyecta contó con información "privilegiada" facilitada por los altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo. Además, indica que, tras la firma de dos contratos de arrendamiento, finalmente se firma un contrato de compra por un precio muy superior al barajado en la opción de compra primera. En este sentido, el juez reprocha que no consten informes de control financiero realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que analicen la gestión del Área de Contratación de la ADE como ente integrante de la administración institucional, ni informes de control de la eficacia realizados por la Consejería de Economía, ni tampoco informe favorable de la Consejería de Hacienda a la operación.

En el caso de los terrenos de Portillos, el juez sen el auto que la operación se realizó por decisión unilateral de Rafael Delgado y Begoña Hernández para "favorecimiento" de las empresas relacionadas directa o indirectamente con Delgado, con Urban Proyecta y con Alberto Esgueva. Además, se asegura que "fue una operación que además de tener aspectos de ilegalidad no se ajustó a los principios de responsabilidad en la gestión ni de eficiencia o eficacia suponiendo un mayor endeudamiento para Ade Parques en contra del principio de estabilidad financiera". En este sentido, también se asegura que la utilización de personas jurídicas interpuestas en las operaciones encareció las mismas sin aportar valor añadido alguno.

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