Tribunales

García de Coca niega su implicación en el 'caso PGOU' y traslada la responsabilidad a un arquitecto fallecido

  • El exconcejal de Urbanismo declara que en todo momento se respetó el derecho a la información de la oposición

Ical - miércoles, 16 de octubre de 2019

El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid entre los años 2003 y 2007, José Antonio García de Coca, defendió, en la primera sesión del juicio por el 'caso PGOU', su gestión en la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y aseguró que en ningún momento dio indicaciones a ningún subordinado para beneficiar a promotoras urbanísticas.

En la misma línea, se pronunció el resto de los acusados: el arquitecto de Políticas Urbanísticas, Luis Álvarez Aller; el exjefe de área, Modesto Mezquita, y el que fuera jefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo, que también señalaron como principal responsable de las alteraciones del PGOU al arquitecto ya fallecido Carlos Cándido Fraile Casares, que tras trabajar como interino en el Ayuntamiento, fue contratado para continuar con los trabajos del planeamiento y el encargado de elaborar el texto refundido que solicitaba la Consejería de Fomento para subsanar los errores detectados tras la aprobación provisional del Plan General.

García de Coca, que al igual que resto de los acusados se negó a responder a las preguntas de la acusación popular -ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado'-, destacó que cuando llegó a la Concejalía de Urbanismo en 2003 dio continuidad al equipo redactor del PGOU y que, "de forma escrupulosa", en todo momento facilitó el acceso a la información de los grupos de la oposición. En este sentido, apuntó que días antes de la Comisión de Urbanismo en la que se debatió el texto refundido, entregó a todos los concejales un CD con la documentación.

La vista oral del 'caso PGOU' se retomó hoy después de que el pasado mes de septiembre la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial decidiera su suspesión para resolver varias cuestiones previas planteadas por los abogados de los acusados, que coincidieron en argumentar la prescripción de los delitos y en la vulneración del derecho a la defensa por no disponer de la documentación completa de toda la causa. Un mes después, el tribunal acordó el sobreseimiento del proceso para diez de los 14 acusados, al considerar prescritos los delitos.

Juicio 16 años después

El juicio, que está previsto que se prolongue hasta el día 31 de octubre, se celebra cuando están apunto de cumplirse 16 años desde que se produjeran los hechos presuntamente delictivos, la alteración del PGOU antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en febrero de 2004, en favor de determinados promotores urbanísticos.

La Fiscalía vallisoletana mantiene penas de cuatro años de prisión para los integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita. A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y otro contra el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

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