FRAUDE FUNERARIO

Nace la Asociación de Afectados del Salvador para dar respuesta a las víctimas de un fraude que podría haber afectado a 6.000 féretros

 - rtvcyl.es
  • Los juristas confirman que el cobro de indemnizaciones dependerá de la solvencia económica de las personas físicas o jurídicas que resulten condenadas.

Ical - jueves, 28 de febrero de 2019

Un grupo de afectados registró oficialmente la Asociación Vallisoletana de Afectados por el Tanatorio El Salvador (AVATES) con el objetivo de dar respuesta a las víctimas de un fraude que podría haber afectado a 6.000 féretros desde 1995. Con este paso, el caso da el salto al terreno judicial, con el que pretende unir fuerzas para reclamar en los tribunales e informar a las posibles víctimas del engaño, de las opciones de ver reparado el daño y de personarse ante la Justicia de manera individual y colectiva. De momento la página web www.afectadoselsalvador.com está a disposición de los interesados.

''Las posibilidades de condena, lógicamente, son elevadas, si bien el cobro deriva de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas que, en su caso, resulten imputadas y condenadas y de la solvencia de las mismas'', respondió María Duro, licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y socia del bufete Fenollera Abogados, a través del cual se canaliza la parte jurídica.

''La idea es personarnos en los juzgados de forma individual, y también plantearlo como Asociación'', explicó Duro, que señaló los diferentes objetivos: acceder a la información del sumario y trasladarlo a los asociados e investigar su caso concreto.

Duro recordó que las empresas denunciadas a día de hoy ''continúan con su actividad, su volumen de facturación es y ha sido muy importante, por lo que es de prever que puedan asumir, al menos en gran parte, la responsabilidad económica que se les pueda llegar a imponer''. Por ello, animó a las personas afectadas a dar el primer paso, reunir la información de la que se disponga, ya que ''es distinta en función de si los servicios funerarios fueron prestados por una compañía aseguradora o si fueron contratados directamente por los particulares''.

Si han cerrado una incineración con Grupo El Salvador, los abogados recomendaron recabar toda la documentación, incluyendo el certificado de defunción y testamento o declaración de herederos, y contactar con la Asociación de afectados, ya que los trámites ''se simplificarán y les resultará económicamente más ventajoso''.

A la pregunta de qué documentos son importantes, Diego García, socio también de la firma, señaló que para el primero de los casos ''habría que aportar una copia de la póliza'', mientras que en el segundo, ''copia de contrato de prestación de servicios que se suscribiera con las empresas denunciadas y el justificante de pago''.

Modelo de denuncia

Por el momento, la Policía Nacional está facilitando un modelo de denuncia que ha autorizado la Fiscalía con el fin de agilizar los trámites a los afectados. De hecho, la propia Delegación del Gobierno animó a denunciar, iniciativa que comparten ambos socios: ''Que no dejen de reclamar''.

La Asociación afirma que ''el interés económico no mueve a ninguna de las personas que están contactando'', pero la ''obligación'' es exigir responsabilidades y defender los derechos de los asociados hasta las últimas consecuencias. ''Lo que se puede conseguir varía lógicamente en función del desembolso realizado y del perjuicio económico que se acredite con el cambio de ataúd'', detalló María Duro.

Así, la posible indemnización por daños y perjuicios, en principio daños morales, dependerá de la cuantificación del daño, debiendo determinarse si se fija en un tanto alzado por fallecido afectado o por medio de un informe pericial, que en caso de ser necesario ''se encargaría de forma conjunta'' para ahorrar a cada afectado ''el coste económico que ello implica''. De igual forma, es importante identificar el patrimonio de los encausados con el fin de detectar posibles alzamientos de bienes futuros. Para ello se establecerá ''una mínima cuota para hacer frente a los gastos'' y que éstos se compartan entre todos los afectados.

Sobre el cauce que pueden seguir estas demandas, Diego García consideró que ''puede estar abierta la vía administrativa de consumo, pero al estar judicializado el asunto, lo lógico es que los afectados sean derivados al procedimiento penal directamente''. Ello, al margen de que pueda haber alguna asociación de consumidores ''que intente personarse en dicho procedimiento penal en calidad de acusación popular'', completa.

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