La Junta de Castilla y León solicita ''más peso'' de la superficie y la dispersión en el cálculo de la financiación autonómica y no ''perder un euro'' sobre lo que recibe en este momento del Estado para que en el nuevo sistema que se debe negociar se garanticen los recursos para los servicios y competencias que gestiona la Administración de la Comunidad.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, detalló hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el contenido del informe que este viernes remitirá al Ministerio de Hacienda sobre lo que consideró ''el punto de partida'' para la negociación del nuevo modelo, por lo que afirmó que va sin cifras sobre lo que debería recibir a mayores la Comunidad.

Este informe, que surge tras el documento del grupo de expertos, recoge el acuerdo de comunidad firmado entre el presidente de la Junta y los grupos de las Cortes y se asienta en una negociación multilateral, en la sostenibilidad del Estado del Bienestar, en la lealtad institucional, en la armonización fiscal y en el cálculo de las necesidades de gasto.

Del Olmo aseguró que el nuevo sistema tiene que garantizar recursos no sólo ahora, sino también en el futuro, algo que estimó que no ha ocurrido con el vigente porque con la crisis cayeron los ingresos, y subrayó que el ''desequilibrio'' entre lo que percibe la Administración General del Estado y las comunidades ''se ha agrandado'' sobre el PIB. ''Las comunidades estamos peor financiadas'', explicó.

En ese sentido, recordó que entre los años 2010-2015 la financiación de las autonomías creció un 0,3 por ciento cuando la recaudación tributaria lo hizo en un 14 por ciento, por lo que indicó que ''si no se ha dado a las comunidades es evidente que ha ido a otra administración''.

De esa manera, existe un déficit en la financiación a las comunidades ya que las entregas a cuenta no cubren, como en el caso de Castilla y León, los presupuestos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, de manera que en el informe se piden medidas para que el nuevo modelo sea suficiente en el tiempo.

Otro elemento, es la lealtad institucional, sobre el que Del Olmo afirmó que nunca se ha reunido una comisión para evaluar como afectan decisiones del Gobierno a los ingresos y gastos de las comunidades, y puso como ejemplos la supresión del impuesto de operaciones societarias, que gestionaban las autonomías, o los activos comprados y vendidos por el Frob. Así, el informe de la Junta pide que cada año se evalúe como afectan esas decisiones y exista una compensación en el nuevo modelo.