Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad que el Gobierno no prorrogue la concesión de la autopista de peaje de la AP-1 y que “a la mayor brevedad” se firmen los convenios para derivar el tráfico pesado de la N-1 entre Miranda de Ebro y Burgos por la autopista, así como en la N-VI en la travesía de San Rafael por la AP-6.
La propuesta socialista salió adelante después de un cruce de reproches entre los procuradores Virginia Jiménez (PSOE) y Ángel Ibañez (PP) sobre lo hecho por cada uno de sus gobiernos, y la critica de Félix Díez (Podemos), que culpó de inacción a ambos. El texto final recogió la enmienda 'popular' para la firma del convenio entre la Junta y Fomento para desviar el tráfico pesado en los tramos de la N-1 y N-VI por el peaje hasta su liberalización.
En la presentación de la PNL, la procuradora socialista Virginia Jiménez apeló a la “dura realidad” y de “alto riesgo” del tramo entre Burgos y Miranda de la N-1, con centenares de muertos y heridos, y planteó soluciones para revertir “esa peligrosidad”, como que el Gobierno no prorrogue la concesión de la autopista de peaje AP-1, que ese trayecto sea gratuito y la firma de un convenio con Fomento para derivar el tráfico pesado de la carretera a la autopista hasta la liberalización de la vía.
Jiménez, que viaja a diario por la N-1, tuvo una emotiva intervención al hablar de las personas que circulan por esa carretera y los peligros existentes, así como de las que han perdido la vida o quedaron accidentadas. La procuradora consideró “una pena” que hayan tenido que ocurrir accidentes -seis víctimas en los últimos días- para llegar a un acuerdo.
El 'popular' Ángel Ibañez, “sin reproches”, se refirió a las actuaciones de cada Gobierno y recordó los 63 millones del PP y 6 del PSOE en un esfuerzo del primero por la mejora, así como a las prórrogas de la autopista, donde evidenció los 15 años de ampliación de la licencia por los socialistas y ninguno de los 'populares'.
Se mostró de acuerdo con la petición de que no se prorrogue la concesión cuando finalice su vigencia en noviembre de 2018 y explicó que la Junta ha hablado con Fomento para sacar los camiones de la N-1. Así, presentó una enmienda para que “a la mayor brevedad” se firmen los convenios oportunos para derivar el tráfico pesado en el tramo Burgos-Miranda de Ebro y en la N-VI en la travesía de San Rafael hacia el peaje de AP-6, asumida por la ponente.
“Existen responsables políticos de estas prórrogas, hay que decirlo alto”, afirmó Félix Díez (Podemos), que se detuvo en el riesgo de que el 80 por ciento de los 10.000 vehículos diarios sea de camiones. Díez culpó tanto a PP como a PSOE de que la vía no esté liberada y de que no se haya ejecutado el plan de mejora de la N-1, aunque apoyó la propuesta al considerar que “es sincera”.
A un peaje “injustificado” también acudió el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado para exponer la situación del “tramo sin duda más peligroso del Norte de España”, y, desde el sentido común, apeló a la búsqueda de una solución, donde apoyó el convenio con Fomento para derivar el tráfico pesado, pero recordó que es una carretera estatal.
José Sarrión (IU), que confesó que nunca ha pasado más miedo que en viaje por esa carretera, se refirió también a las cuatro prórrogas y la falta de su liberalización y, en aras a eliminar la peligrosidad, respaldó sin reservas la PNL socialista y la enmienda del PP, a la vez que planteó la supresión del peaje de la AP-6, incluidos los túneles de Guadarrama, que no se incluyó en el texto aprobado.