Los inspectores de Consumo de la Junta de Castilla y León alertaron este miércoles en Valladolid de la situación ''insostenible'' que, en breve, será ''irreversible'' por el desmantelamiento del servicio, la falta de recursos técnicos y humanos, el empeoramiento de las condiciones laborales y la falta de reconocimiento profesional que dificultan la defensa de la salud, la seguridad y los derechos de los consumidores y usuarios en la Comunidad. De ahí que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Castilla y León exija a la Junta medidas para acabar con el ''desmantelamiento'' de la dirección técnica de la Inspección de Consumo, que solo cuenta con 36 inspectores cuando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta contempla una plantilla de 55 profesionales, aunque la Oferta Pública de Empleo de este año reserva cuatro plazas .
Con motivo del Día Internacional del Consumo, que se celebra mañana 15 de marzo, CSIF lamentó el ''paulatino'' deterioro de una dirección general que ha pasado por siete consejerías, la última en Economía y Hacienda, hasta el punto de que la mayor parte de los inspectores de Consumo tenga la sensación de "impotencia" y ''fracaso'' profesional por que a la falta de medios se suman las aprobaciones de normas que generan una mayor desprotección de los consumidores y usuarios.
El inspector David Amo recordó que la obstrucción a la Inspección de un establecimiento comercial es una falta leve, al igual que el uso de prácticas comerciales desleales y engañosas así como la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. Todo ello, precisó, resta autoridad al inspector y provoca que sea ''rentable'' no hacerle caso.
El vicepresidente del sector de Administración General de la Junta en CSIF, Carlos Alfonso González, criticó que el Ejecutivo regional se muestre como el ''adalid'' de la defensa de los consumidores pero, luego, gestiona ''con desdén'' las competencias en consumo. Además, recordó que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local reguló que las competencias de la defensa del consumidor son exclusivas de las comunidades autónomas, por lo que los ayuntamientos ya no realizan ninguna labor.
"Marginación" del personal
El sindicato demandó a la Junta que cese la ''marginación'' del personal de Consumo, respecto al resto de empleados públicos. Pese a que es un cuerpo especializado en la materia y que maneja una legislación muy diversa y cambiante, los inspectores de Consumo tienen un nivel 21, por lo que CSIF denuncia que sus retribuciones no se ajustan a las funciones y responsabilidades que desempeñan y cuentan con dificultades para ascender a jefes de sección.
Y es que cualquier funcionario puede ser responsable de un servicio sin tener preparación o experiencia en consumo. Algo que, por ejemplo, ocurre en la provincia de León donde esa persona no es un inspector de Consumo mientras que en Segovia y Palencia están ocupados por profesionales en comisión de servicio. Además, próximamente, quedarán libres las jefaturas de Soria, Ávila y Salamanca por las jubilaciones.
La inspectora de Consumo Marta San José reconoció que, ante un gran ''abanico'' de normas autonómicas, nacionales y comunitarias, surgen dudas de interpretación que no siempre son resueltas y falta uniformidad a la hora de actuar. ''Se nos pide atender un sector cambiante y dinámico, donde ha irrumpido con fuerza el comercio electrónico, pero sin un reconocimiento salarial similar al de otros inspectores de la Junta como los de Turismo que manejan mucha menos normativa que nosotros'', aseveró. No en vano, San José recordó que forman parte de un cuerpo especial, con conocimientos especiales, y cerrado que les cierra su carrera profesional por el difícil acceso a otros servicios.
Su compañero Amo alertó que la merma de personal perjudica el servicio que se presta a los ciudadanos en un momento en que los requerimientos para la Inspección de Consumo en la sociedad actual se han disparado. Prueba de ello es que en 2016 hubo en Castilla y León un total de 2.874 alertas, que se traducen en productos -sobre todo juguetes y artículos eléctricos por el riesgo para la salud- que los inspectores deben buscar y retirar del mercado por su peligrosidad.
A este número, hay que sumar los objetos acumulados de otros años porque pueden reaparecer en los establecimientos. ''Es imposible controlar todos los productos aunque lo intentamos por lo que no podemos asegurar que todos los artículos que se venden cumplen con la normativa. Creemos que la Junta le interesa que la Inspección de Consumo sea cada vez más inoperativa'', explicó.
También se refirió a la falta de laboratorios acreditados para las necesidades de consumo, por lo que todos los productos detectados tienen que enviarse al Laboratorio de Barajas (Madrid), que también ha reducido personal por los resultados de las muestras se demoran mucho. Por otro lado, lamentó la desaparición de la formación en educación al consumidor en colegios e institutos o la no convocatoria de másteres especializados. ''La Junta tiró hace tiempo la toalla con la formación'', afirmó.