El exvicepresidente y exconsejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha recurrido el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid que lo cita a declarar como investigado en las diligencias sobre el proceso de compra del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), al considerar que se basa en sospechas no probadas y que constituye una "flagrante inconstitucionalidad".
En el escrito presentado por su abogado, José María García-Gallardo, se argumenta que "ser consejero de Economía no es título de imputación jurídico-penal", a pesar de la investigación abierta contra Rafael Delgado, viceconsejero y secretario general de la Consejería, y se pone en duda el cambio de criterio de la Fiscalía, que antes, durante los tres años y siete meses en los que han realizado las diligencias, no aprecio indicios para acusar a Villanueva.
Con relación a la posible implicación del exconsejero en Urban Proyecta, la empresa que vendió los terrenos para la construcción del edificio de Arroyo y que pudo tener información privilegiada, el abogado sostiene que no hay ninguna prueba, ni documental ni presencial que relacione a Villanueva con esta sociedad, y apunta directamente a Rafael Delgado.
Sobre el papel desempeñado por Gesturcal, García-Gallardo considera que el fiscal, "ante la ausencia de actos" lanza hipótesis que no "alcanzan la categoría de sospecha", y asevera que "el mero impulso político de unas iniciativas de alquiler, o de compra de un edificio, para agrupar sedes dispersas, con previos informes y acuerdos favorables, no es una acción delictiva".
Además, recalca que la decisión de la compra del edificio fueron aprobadas en el seno del consejo de administración de Gesturcal, del que no formaba parte Villanueva. En este sentido, argumenta que, según el acta de la sesión celebrada por esa sociedad pública el 25 de septiembre de 2009, sí se produjo un "amplio y profundo" debate sobre la compra.
A su vez, el recurso sostiene que el Ministerio Fiscal atribuye a Villanueva la presunta participación en la compra de los terrenos de Portillo sin explicar su intervención
Por último, el abogado argumenta que las pruebas propuestas y admitidas para solicitar la investigación patrimonial de Villanueva y de sus familiares "violentan la doctrina constitucional y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por constituir una investigación prospectiva, que opera al revés del sistema constitucional vigente.
"Nada que ocultar"
Además, considera que no se ha expuesto ningún hecho atribuible al exconsejero que pueda ser calificado como presunto delito de cohecho o blanqueo de capitales, y critica que el Ministerio Fiscal utilice expresiones como "sin que sea descartable su posible comisión". En este sentido, insiste en que su defendido y sus familiares "nada tienen que ocultar, pero esta convicción, confianza y tranquilidad son compatibles con pedir respeto a sus derechos fundamentales".
El pasado viernes, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid emitió un escrito por el citaba a declarar a Tomás Villanueva el día 27 noviembre, días después del informe presentado por la Fiscalía de Valladolid en el que se solicita que se investigara al exconsejero por los delitos de revelación de secreto, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación.
En el mismo, el Ministerio Fiscal argumentó que la decisión de alquilar y comprar el edificio de Arroyo de la Encomienda y todas las negociaciones llevadas a cabo tanto por la entonces viceconsejera Begoña Hernandez y el exsecretario de la Consejería Rafael Delgado, se hicieron bajo las órdenes directas de Tomás Villanueva.