La portavoz y consejera de Agricultura de la Junta, Milagros Marcos, exigió este miércoles a Azucarera que mantenga el acuerdo suscrito con los remolacheros y el Ejecutivo autonómico, que tiene vigencia hasta 2020, tras la decisión unilateral de la compañía de rebajar seis euros por tonelada el precio que abona a los cultivadores, hasta los 26.
Marcos recalcó que aunque en estos momentos existe un problema de precios en los mercados en otros Azucarera obtuvo beneficios que no repartió entre los agricultores, por lo que resumió que ''hay que estar en una situación y en otra''.
Milagros Marcos insistió en que debe ser Azucarera quien explique su decisión, pero reprochó que ''no se puede tomar'', como lo ha hecho, de forma ''unilateral''. La titular de Agricultura de la Junta incidió en que debe negociar cualquier cambio en la mesa con los cultivadores y el Ejecutivo autonómico, que aporta cada año 22 millones de euros, para elevar diez euros el precio por tonelada de remolacha, como acordaron en su momento.
Milagros Marcos asumió que la situación es ''complicada'' en los mercados internacionales, con la eliminación de las cuotas, un alza de las producciones del 26 por ciento; y una rebaja casi a la mitad de los precios por tonelada de azúcar, por los excedentes generados.
La consejera insistió en que precisamente la Junta aportó esos fondos para hacer frente a posibles consecuencias de la desaparición de las cuotas y constató que en estos momentos trabaja con Azucarera y Acor para buscar soluciones. Sin embargo, explicó que debe ser el ministerio quien reclame a Europa que ponga en marcha medidas de mercado para acabar con estos desequilibrios.
Milagros Marcos insistió en que a pesar de la situación, la Junta apuesta por el sostenimiento de un sector estratégico, que genera 6.000 empleos directos y 100 millones en producción, y que es el que más jóvenes incorpora al campo, el 18 por ciento de los inscritos. Asó, repitió su exigencia a Azucarera para que mantenga lo pactado, porque está avalado por el compromiso de la Junta de los 22 millones de euros para sostener los precios.
Por último, explicó que desde el Gobierno han llamado a los responsables de Azucarera, así como a los de Acor y a las organizaciones profesionales agrarias para intentar encontrar una solución al conflicto abierto.