Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles el proyecto de ley por el que se crea un impuesto a la central de Garoña por cada elemento de combustible gastado y depositado con el que se estima una recaudación de unos 15 millones de euros -son diez los que figuran en el presupuesto de este ejercicio- que se destinará a la zona de influencia y afectada por la planta, la burgalesa comarca del Valle de Tobalina.

La nueva ley, defendida en el hemiciclo por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, salió adelante con los votos a favor del PP, la abstención de Podemos, IU y UPL y en contra de PSOE y Ciudadanos, ya que ambos advirtieron de la doble imposición -Comunidad Autónoma y Estado- que puede ser inconstitucional y dudaron incluso de su puesta en marcha y de su efectividad.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, detalló las razones que han motivado la creación de este nuevo impuesto extrafiscal y afirmó que Castilla y León se une a Cataluña y Castilla-La Mancha, que ya lo tienen, a la vez que defendió que se ajusta a las competencias autonómicas y a la normativa nacional.

En este sentido, desveló el informe recibido de la Secretaria de Estado de Hacienda, enviado a la Junta el pasado martes y remitido a las Cortes, sobre la posible inconstitucionalidad de este impuesto pero estimó que "no es concluyente". "Vamos a responder con argumentos que rebaten las observaciones y se tenga el mismo trato que con Cataluña, sin recurso Gobierno de España", precisó.

La consejera manifestó que el Gobierno central clausuró la central y debe poner en marcha un plan de reestructuración de la zona, que urgió igual que lo hicieron después los procuradores del PP Alejandro Vázquez e Irene Cortés en el turno para desestimar las enmiendas de PSOE, Podemos e IU.

Pese a la abstención, Félix Díez (Podemos) defendió su posición de "arrimar el hombro" para la creación de este impuesto, que subrayó que no es de ellos, y la recaudación por esa vía para su inversión en la zona. Mantuvo vivas tres enmiendas que no fueron recogidas por el Grupo Popular. Precisamente, Irene Cortés (PP) agradeció que el grupo morado se haya puesto al lado de los intereses de la comarca frente a la posición del Grupo Socialista.

La procuradora socialista Virginia Jiménez argumentó, en la defensa de sus rechazadas siete enmiendas, que se trata de un impuesto que pese a que se dice que es por la afección medioambiental al final va al almacenamiento de los residuos, por lo que estimó que colisiona con el estatal y puede ser recurrido y no ponerse en marcha.

"Saben que no van a recaudar un euro, es un brindis al sol", indicó, para recordar que no cuenta con informes favorables ni de la Asesoría Jurídica de la Junta ni del Consejo Consultivo y subrayar que se crea por el "capricho" de la Junta ante la decisión de Nuclenor, a la vez que estimó que puede ser una "llamada" para que las eléctricas utilicen la central como almacén de residuos de otras nucleares.

También, José Sarrión (IU) receló de que sea un impuesto propio medioambiental, expresó el apoyo al cierre de Garoña como "antinuclear" y consideró que el gravamen tenía que ser más elevado por la afección causada por la planta atómica en sus años de vida en la comarca burgalesa de Tobalina.

Es un impuesto que no van a pagar las eléctricas, sino los ciudadanos, argumentó Manuel Mitadiel (Ciudadanos), que igualmente se refirió a la doble imposición y subrayó que, en todo caso, se tenía que haber creado cuando la central estaba operativa. Según el parlamentario naranja, la financiación tiene que llegar a través de un plan de reindustrialización para la zona y no por un impuesto que igual no es operativo.

Con enmiendas de Podemos

El proyecto de ley, que llegó al pleno con una serie de adiciones de Podemos, crea una nueva imposición sobre el almacenamiento temporal de los residuos en las propias centrales nucleares, en este caso a Garoña, ya cerrada, con el objeto de compensar a la sociedad por las cargas que debe soportar por el combustible gastado y los residuos radiactivos centralizados.

Se trata de una ley sencilla con un artículo y la incorporación de otro en el que se establece que los ingresos procedentes del gravamen sobre las centrales nucleares se afectarán a la financiación de los programas de gasto de inversión en las zonas de influencia de estas plantas situadas en la Comunidad de Castilla y León, conforme se determine en las leyes anuales de presupuestos.

De esa manera, los Presupuestos Generales de la Comunidad de cada ejercicio contendrán un anexo de inversiones específico donde se detallarán las actuaciones. Además, en el tercer trimestre de cada año la Junta remitirá a las Cortes de Castilla y León un informe de seguimiento de las inversiones programadas.

Según el acuerdo vía enmienda, serán responsables subsidiarios los accionistas de la persona jurídica propietaria de las instalaciones que generen el hecho imponible cuando posean un porcentaje de participación en el capital social superior al cinco por ciento. Así, la cuota tributaria en el gravamen sobre las centrales nucleares se cifra en 6.000 euros por cada elemento de combustible gastado y depositado.