SOCIEDAD

Castilla y León alcanza la 'plena atención a la Dependencia' y logra un sobresaliente a pesar de 240 millones de recortes estatales

A pesar de 240 millones de recortes estatales, Castilla y León revalida la primera plaza y además sube de nota y pasa de 8,9 a un 9,3.

Europa Press

Castilla y León vuelve a ocupar la primera posición y ha obtener un sobresaliente en Atención a la Dependencia según el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, que se ha presentado este miércoles, y en el que se recoge que la Comunidad ha dejado de percibir en los últimos seis años un total de 240 millones por los recortes estatales.

Según el informe que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que se ha dado a conocer este miércoles, Castilla y León revalida la primera plaza en la clasificación de las comunidades pero además sube de nota y pasa de un 8,9 a un 9,3. Además, Castilla y León es la única comunidad en haber alcanzado la "atención plena".

Y es que según este informe, el pasado año se registró en la Comunidad el mayor número de personas atendidas desde que se implantó el sistema, con 88.709 beneficiarios, 3.408 más que en 2016, es decir, una subida del 4 por ciento, además de que su tasa de "desatención", lo que se conoce como 'limbo de la dependencia' es "residual" con un porcentaje del 1,4 por ciento, frente al 24,5 por ciento de media nacional.

De hecho, la Comunidad "sigue la tendencia ascendente" en personas atendidas con la incorporación al Sistema en los últimos años de 5.278 beneficiarios, mientras que también se ha registrado un aumento de las prestaciones vinculadas al servicio, con 3.914 beneficiarios más, prevención y promoción de la autonomía personal (1.268 más) y teleasistencia (398 usuarios más).

Asimismo, Castilla y León, según este informe, habría generado el año pasado 1.958 nuevos empleos directos, por lo que ya son 26.000 personas las que trabajan en atención a la dependencia, por lo que es la Comunidad con más capacidad de generación de empleo con 50 puestos de trabajo por cada millón invertido.

En cuanto la financiación del Sistema, Castilla y León aportó el pasado año 398 millones de euros, lo que representa un 77 por ciento del gasto público, mientras que la aportación del Estado fue de 117 millones, el 23 por ciento restante.

Empleo dejado de crear

No obstante, según el informe, la supresión del nivel acordado en 2012 y el recorte del mínimo del 13 por ciento de cada año ha supuesto que Castilla y León haya dejado de recibir del Estado 240 millones de euros en los últimos seis años, 43,5 millones de ellos el año pasado. Con estos 43,5 millones, se podrían haber atendido a 8.827 dependientes y haber generado 2.312 nuevos empleos.

El informe presentado este miércoles incide en las "grandes desigualdades" que existen en la atención a la Dependencia en las diferentes comunidades así como en los modelos de gestión y se advierte de que algunas autonomías "van a tener muy difícil recorrer el camino si no se produce un cambio drástico en el modelo de atención y si no se lleva a cabo una inyección financiera específica".

Esto hace que el acceso y el contenido real de las atenciones "está fuertemente determinado" por la comunidad de residencia de la persona dependiente ya que hay diez regiones que suspenden en la escala de valoración mientras que las tres con mayor nota son Castilla y León, con un 9,3, Castilla-La Mancha (8,2) y Andalucía (6,4).

Por contra, los resultados más bajos se dan en Canarias, con 1,8; Baleares (2,1); Cataluña y Extremadura (2,5), Asturias y Aragón (3,2); Ceuta y Melilla y Comunidad Valenciana (3,6); Navarra (3,9); Cantabria (5,4); País Vasco y Murcia (5,7) y Galicia y La Rioja (6,1).

En el informe se divide los territorios en cuatro grupos y así en 'comunidades con plena atención' se encuentra Castilla y León, Ceuta y Melilla; en 'Comunidades que progresan positivamente' están Asturias, Baleares, Galicia, Murcia, Valencia, Aragón, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha; en 'Comunidades estancadas o de absorción muy lenta' se encuadran Canarias, Cantabria, Extremadura y Madrid y en 'Comunidades en situación crítica' La Rioja, Andalucía y Cataluña.