Voces encontradas se escuchan estos días en torno al futuro de la central nuclear más antigua de España. El futuro de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos) se decidirá esta semana, cuando concluye el plazo que el Ministerio de Industria ha dado a las nueve entidades personadas para que emitan su opinión sobre el informe del Consejo de Seguridad Nacinal (CSN).
Será el Gobierno central quien decida este mismo mes en base a esas once opiniones que responden a ecologistas, asociaciones de municipios implicados, a la empresa propietaria y a los gobiernos que claman desde hace años por el cese o por mantenimiento de la planta nuclear burgalesa.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital abrió el pasado 8 de julio el plazo de audiencia para la presentación de alegaciones y así se lo notificó a las once entidades personadas en el procedimiento administrativo que debe decidir el futuro de la central. Dio un plazo de diez días hábiles para que las partes interesadas puedan presentar las alegaciones y los documentos que estimen oportunos. Todas las instituciones, asociaciones y empresas personadas han podido estudiar durante casi cinco meses el informe que el Consejo elaboró sobre Garoña y de cuya recepción fueron informados por el propio Ministerio de Energía a principios de marzo.
Los primeros en emitir su 'veredicto' han sido los ecologistas. Asociaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción mostraron a las pocas horas de anunciarse la presentación de alegaciones su postura contraria a la reapertura de la central. Para Ecologistas en Acción no se puede reabrir la central "dado el mal estado de seguridad en que se encuentra y el irregular proceso que previsiblemente conducirá a la luz verde del Gobierno".
En esta línea, las asociaciones ecologistas que llevan años clamando por el cierre y desmantelamiento de Garoña echan de menos "un debate público que no ha tenido lugar", y que a su juicio "solo se ha producido una disputa entre las dos grandes eléctricas propietarias". Sus alegaciones denuncian la falta de seguridad de la central así como al "lamentable" estado del sistema de protección contra incendios, de diversos sistemas de control y de seguridad, de los venteos de la contención, del aislamiento de radiaciones de la sala de control.
El peso de Nuclenor
Todavía es una incógnita la postura de Nuclenor. Aún no se sabe si la empresa presentará o no alegaciones. Desde su departamento de comunicación, remiten a un inminente consejo de administración que tendrán que celebrar antes del jueves responsables de Iberdrola y Endesa para dilucidar su postura.
Más claro es el posicionamiento de la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC). Su presidente, Mariano Vila, explicó que ellos presentarán alegaciones, partiendo de la premisa de que son partidarios del mantenimiento de las nucleares siempre y cuando éstas sean seguras". Para Vila esto pasa por que la empresa cumpla las condiciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear para su puesta en marcha.
"Entendemos que después de cuatro años en parada deben cumplirse algunas verificaciones que desde AMAC se reclaman como la realización de un simulacro de emergencia que demuestre que el plan exterior está en condiciones y se certifique que hay instalaciones suficiente para el almacenamiento de residuos antiguos", apostilló Vila. Desde AMAC se pone especial atención en la seguridad de los entornos por lo que se solicita que se tengan en cuenta los costes para un plan alternativo en la zona nuclear del Valle de Tobalina.
De momento, se desconocen las alegaciones del Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Navarra, la Diputación de Álava, el Gobierno de La Rioja, y la Asociación Ecologista Centaurea.