La segunda reunión de la mesa de trabajo de la Junta en Valladolid con los ayuntamientos de las capitales para estudiar fórmulas para el funcionamiento de las viviendas de uso turístico avanzó este martes en la consecución de una ''regulación coordinada y armonizada'' de este tipo de alojamiento ante la creciente demanda que existe en Castilla y León. ''No van a desaparecer por mucho que se prohíban pero es preciso colaborar para que tengan un número de registro y se puedan regular de forma ordenada con elementos comunes a través de los ayuntamientos'', tal y como explicó el director general de Turismo, Javier Ramírez.
Así, sostuvo que estos alojamiento no ''son un problema para el sector hoy en día'', con un registro legal de 1.070 actualmente, que representan un 4,3 por ciento de las plazas totales (7.565 frente a las 175.164 existentes entre los alojamientos de todo tipo en la Comunidad) pero añadió que ''es bueno adecuar su funcionamiento''.
De esta forma, dijo, no se producirán agravios comparativos con hoteles, hostales y otros servicios turísticos que dan de alta a sus trabajadores, pagan tasas y cumplen las obligaciones tributarias, adaptándose así a las normativas locales, autonómicas y estatales. ''Fuera del control legal del registro, entre viviendas de uso turístico legales e ilegales no se llegaría al nueve o diez por ciento en la actualidad, pero están ahí y se deben regular'', expuso.
En la reunión mantenida con concejales y técnicos de turismo de los consistorios de todas las capitales -salvo Palencia y Burgos que no pudieron acudir- se abordó el grado de cumplimiento de la normativa autonómica y municipal en el sector turístico. ''Se trata de buscar elementos mínimos que cada ayuntamiento tiene a la hora de regular este tipo de alojamientos, viendo también lo que se hace también fuera de la Comunidad, al depender de las normas de planeamiento urbanístico a la hora de otorgar concesiones de licencias de primera ocupación, habitabilidad o limitaciones en este tipo de alojamiento'', indicó Ramírez.
También expuso que -con independencia del marco regulatorio definido en los Reales Decretos sobre apartamentos de 2015 y el de 2017 sobre alojamientos particulares- existe un amplio margen de decisión municipal. Igualmente propuso que las posibles restricciones que se hagan a las viviendas particulares de uso turístico sean en base a la población de cada ciudad, la cifra de pernoctaciones y visitas y la demanda de plazas y alojamientos que pueda existir. A su vez, se posicionó a favor de contar con ''una implicación'' de la Agencia Tributaria a la hora de facilitar datos a las Comunidades sobre los titulares de estas viviendas particulares de uso turístico
Convenio de inspección
También insistió Ramírez en la necesidad de que más ayuntamientos se sumen al convenio de la Junta con los de Ávila, León, Palencia y Salamanca, para que las policías locales colaboren en la labor de inspecciones los alojamientos turísticos y se determine ''si cuentan con la declaración responsable exigida por la Junta y garantizar así su seguridad, salubridad y habitabilidad''.
También añadió que se revisó cuál es el nivel regulación de las viviendas particulares de uso turístico, que a nivel nacional fue impugnada ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estimó un precepto que la normativa autonómica deberá acatar cuando la sentencia sea firme. ''El decreto tendrá que contemplar que las viviendas particulares puedan alquilar por estancias y habitaciones, aunque la Junta entiende que en este tipo de alojamiento el alquiler debe ser completo ya que se ajusta mejor a la política turística de calidad'', añadió Ramírez.
Además, señaló que la Junta sigue en su empeño de contar con información detallada y estar en contacto con plataformas de internet que distribuyen y comercializan este tipo de vivienda turística. ''No será fácil pero se intenta que se cumpla el precepto del Real Decreto para que todas cuenten con un número de registro de actividades de turismo en Castilla y León. Se estudia además en el ámbito jurídico poder incoar expedientes sancionadores a las plataformas si no se adaptaran a la ley'', aseveró.
Ayuntamientos
Por parte del Ayuntamiento de Salamanca, el concejal de Turismo, Julio López, dijo que se trata de ''dar respuesta al funcionamiento'' de viviendas particulares de uso turístico ''al ser un modelo totalmente legal y demandado'' y para ello, sostuvo, hay que trabajar para regular la actividad con un mínimo de parámetros exigibles, con una petición de licencias de empresas para poder operar en este campo que alcanza actualmente en la capital salmanrtina las 290. ''De momento no ha cambiado la configuración de los barrios ni se trata de presionar a personas para abandonarlos y que proliferen estas viviendas turísticas como pasa en algunas ciudades'', indicó.
Por su parte, la concejala de Cultura y Turismo de Valladolid, Ana Redondo, explicó que este tipo de alojamiento en la capital ''no supone un problema importante'' pero sí que puede ''ser creciente'', sobre todo después de dos años de recuperación de la demanda turística, especialmente a nivel familiar. ''El ascenso del Real Valladolid a Primera División va a influir y se necesita una regulación jurídica armonizada para evitar la existencia de viviendas que operan de forma ilegal y se ofertan en plataformas digitales, frente a las registradas legales'', arguyó.