Más de dos horas y media se ha prolongado la reunión de la mesa de ordenación del territorio que tenía lugar esta mañana en la sede de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Después de un año de trabajo, todo ha quedado plasmado en un amplísimo documento que baja al detalle de hasta 539 funciones que se reparten entre los distritos, los municipios y las diputaciones.

Ahora, el consejero de la Presidencia, José Manuel Fernández Santiago, se va a dirigir por carta a cada uno de los 2.248 alcaldes para explicarles las funciones que van a prestar y también las que van a dejar de asumir.

Ellos tienen el plazo de un mes para presentar alegaciones, después se empezará a redactar el proyecto de Ley que llegará a las Cortes antes de que acabe el año.

Sin consenso

De Santiago-Juárez ha reconocido, en su comparecencia ante los medios, que alcanzar un consenso político al cien por cien es "complicado" y que, por tanto, su deseo es llegar a "un alto grado de acuerdo" sobre un tema "de Comunidad" como el de la ordenación del territorio y que debe de perdurar en el tiempo.

   "No podemos sacralizar el consenso", ha recalcado en referencia a las decisiones que habrá de tomar la Junta en caso de no conseguir un acuerdo ante la "distancia" de las posturas que se defienden en la Mesa, como la centrada en el mantenimiento de las diputaciones.

   No obstante el consejero de la Presidencia, quien en todo momento ha defendido la "sintonía" del borrador con el que trabaja el Gobierno de la nación con el proyecto de Castilla y León, que de momento mantiene sus propuestas según la vigente Ley de Bases de Régimen Local, sí ha puesto de manifiesto que en los alcaldes, a quienes pasado mañana se hará llegar una carta con la documentación completa y se dará un mes de plazo para que realicen sus propuestas, ya no se percibe el "miedo" de antes.

   En este sentido, ha señalado que las pedanías quedan como figuraban hasta el momento y, tras referirse otra vez a la nueva Ley de Bases para conocer su futuro, se ha lamentado de que este tema no se haya puesto hasta hoy sobre una Mesa de la que, dijo, lo "importante" es que "siga trabajando".

   En su intento por que la Comunidad tenga "el mejor modelo", la Junta seguirá trabajando --"nadie ha dicho que no se le vuelva a convocar"-- para que en el último trimestre de este año esté en las Cortes el anteproyecto, que en líneas generales redistribuye las competencias entre las distintas entidades.

   De este modo y en el caso de los ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes, que cuentan ahora con 366 funciones frente a las 230 de las diputaciones y las 46 de las mancomunidades, pasarán a tener 261,  por lo que las diputaciones asumirán trece nuevas hasta las 243 y los distritos, que sustituirán a las comarcas, contarán con 98.

   Los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes, por su parte, cuentan ahora con 352 funciones (las diputaciones y las mancomunidades mantienen las mismas que en el anterior caso) y pasarán a tener 183 en detrimento de los distritos, que abarcarán 135, y las diputaciones, que asumirán 31 más hasta las 261.

   En último término, los municipios de menos de mil habitantes, que en la actualidad se hacen cargo de 336 funciones, pasarán a tener 144 por lo que los distritos rurales se harán con 140 (casi cien más que de las que tienen ahora las mancomunidades) y las diputaciones, con 264, 34 más que las actuales.

   De este modo, los municipios perderían funciones en todos los casos (un 28,69% los de más de 5.000 habitantes; un 48,01% los de entre mil y 5.000 y un 57,14% los de menos de mil habitantes); los distritos de interés, figura nueva que recoge el modelo, se harían con un 113,04%, un 193,48% y un 204,35% de las funciones de las mancomunidades según la misma tabla de habitantes antes empleada y las diputaciones asumirían también más funciones pero en porcentajes no tan elevados: un 5,65% más en el caso de municipios de más de 5.000 habitantes; un 13,48% en el de entre mil y 5.000 habitantes y un 14,78% en el de menos de mil.