UGT de Castilla y León plantea una ordenación del territorio basada en un máximo de 65 demarcaciones de carácter permanente, estable y obligatorio para todos los municipios, distribuidas en el medio rural entre comarcas naturales y áreas funcionales y en el urbano, en nueve zonas metropolitanas articuladas a través de las capitales de provincia y sus entornos.
Así lo expuso hoy el secretario general de la organización, Agustín Prieto, quien rechazó la propuesta del Gobierno regional en esta materia, porque sólo supone una simple reorganización de las mancomunidades y no corrige el desorden existente en la Comunidad, y pidió a la Junta que "no se obceque" y asuma sus planteamientos ante una tema "de vital importancia".
Prieto recordó que la ordenación es la "gran asignatura pendiente" de esta autonomía, con una "amalgama" de estructuras políticas y administrativas que la hacen "prácticamente ingobernable", con 2.248 municipios, sólo 15 de ellos con más de 20.000 habitantes, 2.233 entidades locales menores, 239 mancomunidades, nueve diputaciones provinciales, otras tantas delegaciones de Gobierno y Junta, y sólo una comarca.
Explicó que la nueva ordenación debe tener como principio básico a las personas y centrarse en el desarrollo económico y social, el acceso a los servicios, la fijación de la población, la sostenibilidad ambiental, las infraestructuras y las inversiones para lograr eliminar los desequilibrios territoriales y conseguir una verdadera cohesión social.
El dirigente sindical expuso que las demarcaciones definidas en su propuesta, que remitirá a Junta, partidos políticos y todas las organizaciones que se sientan en la mesa sobre ordenación, podrían tener naturaleza interprovincial o subregional.
Asimismo, quiso dejar claro que su propuesta no contempla la eliminación de municipios, porque creen, dijo, en el municipalismo. Incidió en que su modelo de comarcas ya aparece recogido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad, donde se regula esta figura en su artículo 46, y defendió que su aplicación garantizaría la participación de los municipios en sus órganos de gobierno y los más pequeños serían los más beneficiados al contar con un órgano de representación política más fuerte y con una gestión en la prestación de los servicios más cercana. Aseveró que se potenciaría la participación ciudadana y se produciría un enriquecimiento democrático, al elegir los ciudadanos en votación a los integrantes de estos nuevos órganos.
Desaparición de las diputaciones
Agustín Prieto destacó también que su propuesta supondría la desaparición de las diputaciones y las mancomunidades, reduciendo en un 73 por ciento el número de estructuras administrativas. Precisó que las demarcaciones rurales se definirían conforme a las comarcas naturales con arraigo histórico, y donde no existieran, se definirían áreas funcionales con criterios de desarrollo económico y social.
Prieto arremetió contra los planteamientos de la Junta y la voluntariedad de su modelo, que le hace "frágil", con una figura, la de los distritos de interés común, que "no sirve para nada", porque sólo supone un cambio de denominación de las mancomunidades.
"Es un modelo que nos mete en el mundo sajón, no incide en la cohesión social y económica, no sirve para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e ignora el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad, que incluye la figura de la comarca". "No se si el que hizo esa definición de distritos acababa de ver una película americana", dijo. Prieto también recalcó que el propio Gobierno central ya ha desmontado los planteamientos de la Junta con la modificación de la Ley de Bases de Régimen local el pasado 14 de julio.
En este contexto y ante la reunión de la Mesa de Ordenación del Territorio este martes, el líder de UGT en Castilla y León exigió a la Junta que sea "flexible" ante los planteamientos de su organización y advirtió de que no consentirán que el consenso social que pide el Ejecutivo que preside Juan Vicente Herrera sea solo "una exigencia de adhesión a sus planteamientos".
"Pido generosidad a la Junta para que vea nuestra propuesta como constructiva y la nueva ordenación pueda servir para sentar las bases para la salida de la crisis". Además, defendió que el Estatuto de Autonomía "se debe desarrollar, diga lo que diga el Gobierno" y "ahí -constató- se dice por dónde debemos ir".