23.275 trabajadores se vio afectado por algún tipo de expediente de regulación de empleo (extinción, suspensión o reducción de jornada) en 2011, lo que supone un aumento del 21,9% respecto a los 19.088 de 2010. Sin embargo, no se alcanzaron los niveles de 2009, cuando se contabilizaron 39.068 afectados, un año en el que la crisis se notó en toda su crudeza en la economía regional.
Los datos que facilita el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, constatan un alza constante del número de EREs autorizados en la Comunidad desde el arranque de la crisis, con 1.376 en 2011, frente a los 1.039 de 2010, los 953 de 2009, los 394 de 2008 y los 317 de 2007.
La tendencia de la Comunidad ha ido en paralelo a la de España, ya que en el conjunto nacional, el año pasado se aplicaron EREs sobre 342.831 trabajadores, frente a los 302.746 del año anterior, pero muy por debajo del año record en ajustes de este tipo por la recesión de 2009, cuando se contabilizaron 549.282. Asimismo, el número de expedientes autorizados fue de 21.107 en 2011, frente a los 17.269 de 2010, y los 19.434 de 2009, cuando se disparó su número desde los 6.249 de 2008.
La crisis sostenida en el tiempo y su efecto sobre el tejido productivo de Castilla y León queda reflejado en un crecimiento constante desde 2007 de los trabajadores afectados por expedientes de extinción de empleo. El año pasado, según el Boletín Oficial de Estadísticas Laborales del Gobierno, 4.137 trabajadores se vieron afectados por EREs de extinción en la Comunidad, frente a los 3.187 de 2010, los 3.076 de 2009, los 2.502 de 2008 y los 1.861 de 2007.
En cuanto a las medidas de suspensión, afectaron a 17.305 trabajadores de Castilla y León el año pasado, cifra muy por encima de los 15.319 de 2010, aunque todavía alejada de los datos de 2009, cuando se alcanzaron los 35.466, en el punto álgido del uso empresarial de este tipo de expedientes para evitar los despidos a la espera de una recuperación del dinamismo económico que no llega.
Los expedientes de reducción de jornada, por su parte, han registrado un aumento constante en los últimos años, con 1.833 en 2011, cifra muy superior a los 582 de 2010, los 526 de 2009, los 79 de 2008, o los once de 2007.
Por provincias, los trabajadores afectados por algún tipo de expediente de regulación descendió en 2011 respecto a 2010, sólo se redujo en Soria (683), un 19,2%, y en León (4.982), un 9,8%, y aumentó en Zamora (690), un 227%, en Palencia (1.485), un 116,4%, en Salamanca (1.569), un 79,7%, en Segovia (750), un 55,2%, en Ávila (442), un 36,4%, Burgos (5.860), un 31%, y en Valladolid (6.814), un 20,1%.
En cuanto a las personas afectadas por expedientes de extinción, descendió su número en Burgos (582), un 32,2%, y creció en Zamora (224), un 540%, en Soria (191), un 291,8%, en Palencia (220), un 178,4%, en Segovia (183), un 165,2%, en León (1.383), un 40,4%, en Salamanca (348), un 27,9%, en Valladolid (762), un 20,1%, y en Ávila (243), un 19,1%.