Distintos colectivos ecologistas han advertido este martes de que las quemas que se están produciendo en algunas zonas de Castilla y León, promovidas y autorizadas por la propia Junta, son medidas completamente ineficaces para combatir la proliferación de topillos, como quedó demostrado en la plaga de 2007.

   Además, sostienen que tienen efectos adversos para la biodiversidad, al destruir el hábitat de reproducción, alimento y refugio de especies silvestres que pueden contribuir al control natural de plagas. Asimismo, aumentan el riesgo de erosión y de incendio y fomentan la eliminación de microorganismos beneficiosos para el suelo.

   Las distintas organizaciones ecologistas firmantes de este comunicado recuerdan también que la destrucción o deterioro de las áreas de reproducción están prohibidos por la Directiva de Aves, el Convenio de Berna y la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y sólo puede llevarse a cabo bajo un régimen de excepciones que, en su opinión, no se está cumpliendo en estos casos, de ahí que las quemas autorizadas podrían acarrear graves sanciones.

SIN INVESTIGAR LA SOLUCIÓN

   Los colectivos conservacionistas critican que desde la última plaga de topillos que comenzó en Castilla y León en el año 2007 no se ha llevado a cabo ni una inversión suficiente en investigar una posible solución, ni una planificación agraria que reduzca la virulencia de las plagas y que haya evitado la necesidad de adoptar ineficaces medidas de urgencia.

   "La situación de alarma creada en los últimos meses por el aumento de las densidades de topillo campesino y de ratón moruno en algunas zonas está provocando que, como sucedió en la anterior plaga, se estén promoviendo actuaciones descoordinadas e ineficaces", indican estas organizaciones, que añaden que, además de las quemas, "se ha constatado la colocación de veneno por parte de los agricultores y la Junta de Castilla y León está volviendo a repartir veneno en algunas localidades".

   Ante esta situación y la existencia de grandes cantidades de veneno anticoagulante repartidas por la Junta en el año 2008, las organizaciones recuerdan a los agricultores que la utilización de rodenticidas sin autorización constituye una infracción grave o muy grave.

SANCIONES PARA AGRICULTORES

   Esto puede suponer sanciones de hasta tres millones de euros, de acuerdo a la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal, además de la retirada de ayudas de la PAC por infracción de las normas a las que están sujetos estos pagos (lo que se conoce como "condicionalidad").

   Destacan igualmente que los rodenticidas pueden tener efectos muy perjudiciales sobre aves rapaces, mamíferos carnívoros y cualquier animal que pueda entrar en contacto con el cebo, incluyendo especies cinegéticas como liebres y palomas. La desaparición de algunas de estas especies, consumidoras de roedores, puede reducir la capacidad de control natural de la plaga.

   Aunque tampoco olvidan que la aplicación de rodenticidas conlleva riesgos para la salud, como la expansión de la tularemia o la intoxicación del ganado ovino que consuma el cereal tratado con rodenticidas.

   Al respecto, ya durante la plaga de 2007 se tuvo que prohibir el consumo de pichones en Palencia, al detectarse centenares de palomas intoxicadas con clorofacinona. Además, existe  el riesgo de generar poblaciones de roedores resistentes a los tratamientos químicos, suponiendo a largo plazo que cualquier medida de control químico resultase ineficaz.

   "La ineficacia de estas medidas de control se constató en las anteriores campañas de envenenamiento que llevó a cabo la Junta de Castilla y León en las que invirtió hasta 16 millones de euros. Aún así, tuvo que pagar otros 9 millones en compensaciones por daños, y no ha evaluado la eficacia real de las medidas hasta ahora. Por tanto, podría repetirse la misma situación de derroche y despilfarro", censuran.

PREVENIR Y COMBATIR LA PLAGA

   Para prevenir las plagas de topillos u otros roedores, los ecologistas defienden, entre otras acciones, mantener un paisaje diversificado donde puedan existir predadores capaces de controlar a los micromamíferos. En cualquier caso, postulan que las medidas de control adoptadas para combatirlas no pueden basarse nunca en un solo método, sino ser paquetes de medidas que combinen diversas actuaciones cuya efectividad haya sido demostrada previamente.

   Tal como establece la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas, ven  necesario llevar a cabo una gestión integrada de las plagas, que no suponga una alteración de los agroecosistemas, promoviendo mecanismos naturales de control, como el  incremento de depredadores, como el cernícalo o la lechuza, que ha sido probado con éxito en otras regiones. La gestión de depredadores mediante el uso de nidos artificiales o postes en linderas, permite proteger los cultivos varias décadas después de su instalación.