CCOO Castilla y León cree que Sacyl recurrirá finalmente la sentencia del TSJ de Castilla y León que anula la creación de las 15 Unidades de Gestión Clínica (UGC) porque, aunque ''hay poco recorrido'' legal, permitirá el mantenimiento de este modelo hasta que el fallo sea firme y terminar la legislatura sin que el titular de este departamento, Antonio Sáez, tenga que dimitir.
La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Castilla y León, Ana Rosa Arribas, valoró este miércoles en rueda de prensa la sentencia conocida ayer e instó a la Consejería de Sanidad a su cumplimiento, si bien reconoció que el fallo no es firme y está en su derecho de recurrirle, y denunció que las UGC no es ''la fórmula más adecuada para gestionar la sanidad'' de la Comunidad.
''Ya dijimos que el consejero no es la persona que hoy pueda dirigir la sanidad de Castilla y León'', respondió Arribas en relación a la petición de cese de Antonio Sáez pedida por algunos partidos políticos, si bien sí lo acusó de no decir ''la verdad'' y de ''graves ocurrencias'' en su mandato que llevan a una ''merma en el acceso y de calidad'' en la asistencia sanitaria. ''Debería dimitir él'', apostilló.
La dirigente sindical denunció que las UGC ''esconden supuestamente la externalización de la sanidad'' y criticó que el consejero ''responde lo que le parece, pero falta a la verdad'', a la vez que manifestó que la Consejería ''no da su brazo a torcer'' pese a que el rechazo de ese modelo de gestión fue una de las reivindicaciones de la manifestación del pasado 20 de enero en Valladolid.
Entre las acciones, además de la denuncia, manifestó que se han reunido con todos los grupos de la oposición, con lo que existe acuerdo en rechazar las UGC, entre otros asuntos sanitarios, y están a la espera de mantener un encuentro con el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la ronda con los profesionales y colectivos del sector que ha iniciado.
A día de hoy ''no se sabe lo que cuesta este modelo'' y sí supone un ahorro, incidió la dirigente sindical, en referencia a que uno de los argumentos de la sentencia del TSJ está en que no se presentó un presupuesto en la Mesa Sectorial, en lo que calificó de ''desprecio'', para subrayar que el auto judicial está ''documentado'' en declaraciones de los responsables de la Consejería y que ellos saben que la justicia no les dará la razón.
En tal sentido, remarcó que las dos primeras unidades creadas, las de Salud Mental de Zamora y Cardiología del Área Este de Valladolid, fueron anuladas, pero indicó que Sanidad no sólo ''no desmontó'' este sistema de gestión, sino que ''sacaron otras normas para avalarlo y montar otras nuevas''.
Graves ocurrencias
''Siempre vimos inconvenientes y deficiencias en el fondo y en las formas del empeño en implantar estas nuevas fórmulas de autogestión y de externalización de la responsabilidad en los recortes'', explicó Arribas, que recalcó que ''las ocurrencias del consejero son muy graves, en este caso para las y los profesionales, pero también para los y las usuarias de la sanidad de Castilla y León, pues merman el acceso y la calidad de la asistencia''.
En tal sentido, recordó que CCOO, que ''ha sido el sindicato más beligerante más ofensivo'' con este modelo, preguntó en las mesas sectoriales de la segunda mitad del año 2016 por los proyectos aprobados y por la incorporación de profesionales a esos proyectos, pero la respuesta fue que se entregarían cuando estuvieran elaborados y entonces se vería cuántos profesionales se incorporaban a la gestión.
Según explicó, el decreto y orden de creación de las Unidades indica que los proyectos se presentan, la Consejería los valora y se aprueban o no, pero añade que la realidad ha sido que la Consejería aprobó unas solicitudes sin proyecto, y sólo después se elaboraron los proyectos. Aunque en el decreto finalmente aprobado desaparecieron las aristas, quedó ''tan abstracto que cabía absolutamente todo'', de manera que el fondo de la cuestión, la posibilidad de que se modifiquen los horarios, los salarios o los turnos de trabajo, siguen ahí, denuncia CCOO.
Por último, el sindicato recuerda que el modelo ministerial de UGC se basa en el ahorro, única y exclusivamente, pero recuerda que todavía no lo ha aprobado porque no es prioritario. Por otro lado, subraya que el Consejo de Estado recomendó la tramitación parlamentaria porque no le parecía suficiente la vía del Real Decreto que se pretendía utilizar. ''Ahorro significa recortes, recortes en prestaciones por una parte y recortes económicos por otra. Ahorro que pone en riesgo de alguna manera la atención, porque los resultados económicos y los resultados en salud son difícilmente compatibles'', concluye.