PSOE e Izquierda Unida pidieron este jueves la dimisión del alcalde de Villaquilambre, Manuel García (PP), y de la concejala de Personal, Régimen Interior, Participación Ciudadana y Recogida de Residuos Urbanos, Mónica Varón, quien aparece en las transcripciones telefónicas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de la Operación Enredadera. Así lo hicieron en un concurrido pleno extraordinario convocado a las 8.15 horas de la mañana y cuyo único punto en el orden del día era el debate sobre la intervención policial en el Consistorio.
Ambas formaciones consideran al regidor responsable último del perjuicio que para el municipio suponga verse implicado en una operación anti-corrupción que está en manos de los tribunales. Ahora Villaquilambre (Podemos) y dos ediles no adscritas, Carmen Pastor y Ana Isabel Sánchez, reclaman la dimisión de la edil pero en el caso del alcalde prefieren esperar a que el caso avance para pronunciarse al respecto.
Por su parte, el portavoz de UPL, Lázaro García Bayón, avanzó que abandonaría el equipo de Gobierno si se produce una "imputación oficial". El concejal de UPyD, Miguel Ángel Díez de Celis pidió explicaciones claras y dijo "sentir vergüenza de que nuestro Ayuntamiento salga en prensa por estas noticias".
El PSOE preguntó al alcalde si podía garantizar que no iba a aparecer en ninguna conversación de la intervención policial, y el primer edil subrayó que hasta la fecha él no protagoniza ninguna charla y que son terceros quienes hacen alusiones a su persona. Manuel García habló de "chascarrillos" y anunció posibles acciones legales contra quienes considere que hayan dañado su honor en cualquier ámbito.
"No soy ningún conseguidor", dijo, y sentenció: "No me hace falta, no tengo necesidad. Jamás he estado en ningún negociete ni he sufrido presión de nadie. No me embarraría ni por 12.000 euros ni por 120 millones. Si algo soy es honrado", defendió después de apuntar en su primera intervención que "aquí podríamos hablar de la ética y moral de todos; vamos a ver si esa línea no la atravesamos porque si no, debería dimitir media España".
García expresó su deseo de que el proceso judicial abierto "se resuelva favorablemente para las tres personas puestas en duda" aunque incidió en que "si alguien hizo algo que no debía hacer, responderá a los tribunales".
Sus explicaciones no convencieron a la oposición (dijo que en Junta de Gobierno Local hablaría al respecto con sus socios de gobierno municipal) y lamentó lo que calificó como un "juicio paralelo propio de otros tiempos".