Las propietarias de la central nuclear de Santa María de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos) cifran en 100 millones de euros las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para poder arrancar  de nuevo, en el caso de que el Gobierno así lo autorice, según publica en su edición de  Diario de Burgos.

Asimismo, el citado rotativo señala que el comité de empresa de Nuclenor, que este jueves se reunió con la dirección de la empresa, les trasladó que “las propietarias –por Endesa e Iberdrola- tienen actualizados continuamente los datos económicos sobre el coste del cese o de la continuidad”.

Por otro lado, recoge en sus páginas que desde Nuclenor admitieron ante los representantes de los 240 trabajadores de la empresa que el dictamen técnico emitido por el CSN no arroja novedades y plantea requisitos que Nuclenor ya conoció por medio de la Instrucción Técnica Complementaria emitida por el CSN en julio de 2014, así como a lo largo del proceso de evaluación de seguridad de la planta vivido desde entonces.