Comisiones Obreras (CC.OO.) y ACAIP, entre otros sindicatos, han expresado recientemente su rechazo al plan de introducción de vigilantes privados en las cárceles de Castilla y León.
Según ACAIP, esta medida encarecerá los presupuestos sin aportar beneficios. Además, el sindicato ha expresado su temor ante una posible destrucción de empleo público como consecuencia de intentar hacer negocio con las cárceles.
Esta medida "pone en peligro el empleo de los funcionarios de prisiones", afirma CC.OO. Para el sindicato la privatización se debe a "una línea ideológica" y "no tiene que ver con cuestiones de efectividad ni de ahorro".
También la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha rechazado esta medida, ya que considera que es un paso para privatizar la seguridad pública.
Este sistema se empezará a probar en cuatro centros de Castilla y León en abril: Mansilla de Mulas en León, Dueñas en Palencia, Villanubla en Valladolid y Topas en Salamanca.