El fiscal de Seguridad Vial de Ávila, Óscar Barrios, presentará su escrito de acusación por el accidente de autobús de Tornadizos antes de que finalice el mes de abril. Hoy concluyeron las diligencias solicitadas por el ministerio público con la declaración del secretario de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Luis Valverde, después de que la Fiscalía pidiera la responsabilidad civil subsidiaria de la administración regional en el siniestro en el que fallecieron nueve personas el pasado mes de julio.
Según precisó Barrios, la Fiscalía no tiene previsto iniciar ninguna diligencia más y presentará el escrito de acusación “entre esta semana y la próxima”. Toda vez que esto ocurra, y que se presenten los de las acusaciones particulares, la defensa redactará su escrito. Después, el procedimiento se derivará del juzgado de instrucción al juzgado de lo penal, que fijará la fecha del juicio. El fiscal evitó aventurar cuándo podría señalarse, pero en todo caso, será “más allá del final del verano”.
Al conductor del autobús accidentado, R.G.S., de 54 años, se le imputan nueve delitos de homicidio por imprudencia grave y otros 13 de lesiones. Cada delito de homicidio por imprudencia grave está penado con un máximo de cuatro años de cárcel. No obstante, el fiscal advirtió de que la pena final que se solicitará “no será la suma aritmética” de las penas individuales que le corresponderían por los nueve homicidios.
La Fiscalía ha solicitado la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta de Castilla y León porque el accidente se produjo cuando se desarrollaba un servicio público de transporte gestionado por la administración regional a través de una empresa concesionaria, Cevesa. Esto supone que en el caso de que el imputado y la compañía aseguradora –que son los que primero deben responder ante las indemnizaciones de las víctimas- resultaran condenados y no pudieran asumir el coste total, quien asumiría la responsabilidad civil serían la empresa Cevesa y la Junta de manera “solidaria”.
La declaración de este lunes ha sido meramente formal, para constituir válidamente la relación jurídica y evitar que la Junta pudiera alegar algún tipo de indefensión por ser llamada al procedimiento sin tener constancia formal de ello, indicó Óscar Barrios.