El Gobierno dará cuenta al Senado cada dos meses de la aplicación y ejecución de las medidas que se aprobarán la próxima semana en el Pleno al amparo del artículo 155 de la Constitución para recuperar la legalidad en Cataluña, con las que se cesará al Ejecutivo autonómico, convocará elecciones en un plazo máximo de seis meses y asumirá el control de los Mossos, la gestión económica y supervisará TV3.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en un 'breafing' informativo para explicar el acuerdo del Consejo de Ministros en sesión extraordinaria, en el que no ha querido entrar en futuribles o hipótesis ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, apueste al final por llevar al Parlamento catalán una declaración unilateral de independencia o por convocar elecciones anticipadas en estos días.

Preguntada específicamente si en caso de que se convoquen elecciones se podría suspender o paralizar el acuerdo del Senado, ha indicado que estas medidas ya se han enviado a la Cámara Alta y, por lo tanto, no corresponde al Ejecutivo esa decisión. Y ha reiterado que el Gobierno no va a entrar a valorar lo que puede "hacer o dejar de hacer" Puigdemont sino que ahora es el Senado el que tiene "capacidad para adaptar las medidas" e incluso incorporar esa declaración de independencia si llegara a producirse.

'Medidas graduales y proporcionales'

La vicepresidenta ha subrayado que el Gobierno ha impulsado la aplicación de este artículo -que ya tiene "un precedente" en 1989 con el Gobierno de Felipe González aunque no se llegó a la "segunda fase"-- porque existe un "incumplimiento legal importante". Según ha añadido, en este caso hay un incumplimiento constitucional y estatutario, así como una afección al interés general que es "grave" porque afecta a artículos "muy importantes" como la unidad, la soberanía, la organización del Estado autonómico o el respeto a la ley.

Es más, ha recalcado que ese incumplimiento es reiterado y se ha puesto de manifiesto a través de varias sentencias del TC. "Por eso se habla de desobediencia contumaz", ha proclamado, tras recordar que las autoridades catalanas ya habían sido apercibidas por el tribunal de garantías, que esta misma semana ha "anulado" la ley del referéndum que los independentistas utilizaron para sustentar la jornada del 1 de octubre.

Sáenz de Santamaría ha recalcado que las medidas acordadas buscan "preservar el autogobierno" en Cataluña dentro de la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional que se ha "quebrado", preservar los servicios públicos y garantizar la recuperación económica, así como recuperar la convivencia y el pluralismo político. "Tienen que ser medidas graduales en su aplicación y medidas proporcionales", ha dicho para añadir que el objetivo es ser "eficaz".

'No hay devolución de competencias'

La vicepresidenta ha justificado el cese del presidente de la Generalitat y sus consejeros porque en estos meses ha quedado claro que no cumplen los apercibimientos del TC ni los requerimientos son atendidos. Por eso, ha indicado que no se puede llevar a cabo una sustitución en "asuntos puntuales" porque todo el Govern "se ha puesto al servicio de la construcción nacional y el proceso de secesión".

Tras reiterar que esos responsables políticos "son sustituidos y en un tiempo muy acotado", ha subrayado que las competencias "no se devuelven al Estado". "Aquí no hay una devolución. No es la recuperación de competencias del Ulster", ha enfatizado, para reiterar que las medidas adoptadas no significa que el Estado vuelva a tener las competencias que se traspasaron en el proceso autonómico.

Es más, Sáenz de Santamaría ha subrayado que el Parlamento catalán sigue ejerciendo sus funciones "con amplitud", si bien ha subrayado que no podrá tomar decisiones en contra del artículo 155, ni designar un nuevo Gobierno ni hacer mociones de censura. En el caso del control, esa función corresponderá al Senado.

En este sentido, Sáenz de Santamaría ha explicado que si el Parlamento catalán quiere aprobar una Ley de Montes dentro de la Constitución o una Ley de Carreteras de la Generalitat, puede hacerlo. "Lo que no puede hacer es aprobar leyes o proposiciones que vayan en contra del artículo 155, es decir, dejar sin efecto ese artículo", ha aseverado, para recordar además que se establecerá un derecho de veto mediante el que el Ejecutivo se pronunciará en un plazo de 30 días acerca de su conformidad o no con las iniciativas que tramite la Cámara catalana.

La vicepresidenta ha admitido que Mariano Rajoy ha apuntado la opción que sean los Ministerios los que asuman estas medidas al amparo del 155 pero ha señalado que se permite que pueda ser nombrado "algún órgano o autoridad 'ad hoc'". Según ha agregado, una vez que las medidas sean autorizadas por el Senado, el Gobierno hará su "organigrama", en el que "probablemente" haya que crear "un órgano colegiado para tomar las decisiones del Govern".

Has las próximas elecciones autonómicas

Además, ha señalado que estas medidas, una vez que las apruebe el Senado, estarán en vigor hasta que tome posesión el nuevo Gobierno elegido en unas elecciones autonómicas. Está previsto que se convoquen elecciones en un plazo máximo de seis meses y se prolongarán durante el tiempo de campaña electoral y el periodo de investidura.

El Senado prevé aprobar el día 27 de octubre las medidas del 155 en un Pleno y, durante la semana en la que se trabajará en la Cámara Alta, los grupos podrán acordar modificaciones en la fase de ponencia y el plazo de enmiendas. De esta forma, se permite que en la tramitación se puedan hacer adaptaciones o incluso dejar algunas medidas sin efecto si en ese tiempo ya no fueran necesarias.

Sáenz de Santamaría ha explicado además que los ministerios o el órgano designado dará cuenta al Senado de la ejecución de las medidas cada dos meses. Según ha abundado, se trata de hacer un balance de su aplicación y puesta en marcha en ese periodo.

A renglón seguido, y pese a las reiteradas preguntas acerca de si una convocatoria de elecciones por Puigdemont, paralizaría la aplicación de estas medidas, la vicepresidenta no ha querido entrar en futuribles o hipótesis y ha dicho que estas medidas "ya están en el Senado", que es quien debe autorizarlas. "Ya no es nuestra responsabilidad", ha añadido.

Según ha recalcado, el Gobierno no va a entrar a valorar lo que puede "hacer o dejar de hacer" el presidente catalán sino que ahora es el Senado el que tiene "capacidad para adaptar las medidas" e incluso incorporar esa declaración de independencia si llegara a producirse.

La vicepresidenta ha señalado que el Gobierno tiene capacidad para adoptar las medidas que le permite el acuerdo del Consejo de Ministros y ha agregado que para nuevas medidas tendrían que ir al Senado, y hacer el mismo proceso sin requerimiento.

Confianza en que los funcionarios cumplirán

Ante la posibilidad de que haya movilizaciones y protestas en la calle, ha indicado que estas medidas se han aprobado para reponer la convivencia y no ha querido entrar a valorar si algunos partidos independentistas irán o no a la calle. "Espero que todo el mundo haga una lectura sensata pero no voy a anticipar lo que puede hacer o no el mundo independentistas en el ejercicio de sus derechos", ha enfatizado.

En cuanto a si el Gobierno tomará medidas si los funcionarios se resistieran a cumplir los acuerdos al amparo del 155, ha afirmado que ella tiene un "gran respeto" por la función pública y ha recordado que los funcionarios han ingresado por oposición jurando respetar la ley y el Estatuto de Autonomía.