Las Cortes aprobaron, con los votos de la mayoría popular y en contra de los dos grupos de la oposición -PSOE y Mixto-, los Presupuestos Generales de la Comunidad para este año, que ascienden a 9.720 millones de euros, un 3,24 por ciento menos que en el ejercicio anterior, con la crítica, en especial de la oposición socialista y de IU, de que estas cuentas nacen “intervenidas, enmendadas y adoptadas” por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Durante dos días de debate, considerados como una “pérdida de tiempo, una farsa y un paripé” por los procuradores socialistas y por el representante de IU, José María González, las cuentas salieron adelante con la inclusión de una sola enmienda, de origen técnico sobre ayudas agrarias por inclemencias meteorológicas, de un total de 740 presentadas ante el plenario por PSOE, IU y UPL.

En la última jornada, se votaron los presupuestos de las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Cultura y Turismo, que siguieron la misma tónica, el cierre de filas de los procuradores populares ante una situación económica adversa que no permite mayores recursos. De sociales calificó la popular María Luisa Álvarez Quiñones las partidas de Familia, algo que rebatió el socialista Jorge Félix Alonso, quien detalló toda una serie de programas destinados a las personas más vulnerables que se reducen por encima de la media del presupuesto.

La popular María Victoria Moreno reconoció que la prioridad de los servicios sociales motiva que se reduzcan los presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo, si bien estimó que ello no redunda en que este departamento no pueda cumplir con sus compromisos, argumentó en el que incidió su compañera Ángeles Porres. Para el socialista José Ignacio Martín Benito no se atienden a las artes escénicas ni al extenso patrimonio de la Comunidad.

También se votó el presupuesto de las Cortes de Castilla y León, que asciende a 25,2 millones de euros, un 12,50 menos que el año pasado, que recibió el sí de PP y PSOE y la abstención del Mixto (IU y UPL). Precisamente, el procurador de UPL, Alejandro Valderas, enmendó el 1,5 millones de euros de la Fundación Villalar y pidió su “desmontaje” por entender que es “innecesaria”, algo que no compartió el popular José Domingo Martín Antolín.

Los populares centraron sus argumentos en que no existe margen para un aumento del gasto porque la Comunidad tiene que cumplir el 1,5 de objetivo de déficit marcado por el Gobierno y ante ello las prioridades se han centrado en los servicios esenciales frente a las inversiones que son las más afectadas por la caída de recursos. La aprobación ahora, en vez del pasado mes de diciembre, ha sido criticado de nuevo por la oposición por entender que ya está casi gastado o comprometido y se está a punto de elaborar el de 2013.

NIVELES DE 2007

Los presupuestos de Castilla y León para 2012 nacen en un escenario macroeconómico de recesión, con una caída prevista para el PIB del 1,5 por ciento, dos décimas menos que la media nacional (-1,7 por ciento) y una estimación de destrucción de empleo del tres por ciento en Castilla y León y del 3,7 por ciento en España. En este sentido, la Comunidad cerrará el año, según estas previsiones, con una tasa de paro del 18,6 por ciento, frente al 24,3 por ciento de la media del conjunto de las autonomías.

La Comunidad dispondrá este año de 9.720 millones de euros, lo que supone un 3,24 por ciento menos que el año pasado, 325 millones, que sitúa el presupuesto autonómico en niveles de 2007. Así, el recorte, como ya ocurrió el pasado año, es más acusado en el capítulo de operaciones de capital, que asciende a 1.247 millones, un 34,48 por ciento menos que en 2011, de los que 450 millones corresponden a inversiones reales (-46,60%) y 797 a subvenciones (-24,85%).

Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades absorben en las cuentas de la Comunidad de este año casi el 80 por ciento de los 7.821,17 millones de euros del gasto no financiero previsto para el conjunto de las consejerías. En cifras globales y respecto a la clasificación orgánica del gasto, los mayores ajustes los sufre la Consejería de la Presidencia, un 26,82 por ciento, hasta los 118,52 millones, seguida por Cultura y Turismo, que ve reducido su presupuesto un 22 por ciento, con 133,21 millones de euros.

Asimismo, Fomento y Medio Ambiente maneja 478 millones, con una merma de recursos del 21,99 por ciento; Agricultura y Ganadería, 490,72 millones, un 17,69 por ciento menos. Educación gestionará 1.952,53 millones, un 7,1 por ciento menos, y Hacienda, 132,2, con un descenso del 7,01 por ciento. Familia e Igualdad de Oportunidades contará con 824 millones, un 5,89 por ciento menos, y Sanidad, 3.421,4 millones, con un ligero descenso del 0,9 por ciento. Economía será la única que crecerá.

La Junta de Castilla y León calcula que 194.000 familias de la Comunidad Autónoma recibirán beneficios fiscales en 2012, lo que representa un 40 por ciento menos sobre el ejercicio anterior en el que fueron 325.000, que también se aminora en presupuesto ya que se pasa de 395 millones que no se ingresaron en 2011 a 325 millones de euros de este año, un 18 por ciento menos, de manera que el Ejecutivo contará con 70 millones más.

En ese menor acceso a los beneficios fiscales, están la limitación de la renta de los contribuyentes en 18.900, en caso de declaración individual, y de 31.500, en declaración conjunta, en lo que la consejera de Hacienda calificó de una “modulación” en el IRPF de las bonificaciones.

Además, la estimación realizada por la Junta también es inferior en los nuevos beneficios implantados para 2011 y 2012 de desgravación de un 15 por ciento, con un máximo de 10.000 euros por contribuyente, en obras y reparación de la vivienda habitual y para reformas en inmuebles de más de 30 años que se quieran adelantar a la inspección obligatoria de los 40 años. La crisis ha reducido el volumen de esos beneficiarios, igual que otros ligados al sector inmobiliario como Actos Jurídicos Documentados e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Aunque en origen estaban limitadas a 2011, la Junta decidido prorrogarlas en 2012 con el fin de prolongar sus efectos y al mismo tiempo aflorar economía sumergida, como se señala en la Ley de Medidas que se aprobó en las Cortes a finales de febrero y está en vigor desde el 1 de marzo.