La Unión de Guardias Civiles mostró su rechazo a la incorporación este lunes de diez vigilantes privados a cuatro centros penitenciarios de Castilla y León, al igual que en otras 17 prisiones del resto de España, como refuerzo a las labores de seguridad de los agentes del Instituto Armado y del Cuerpo Nacional de Policía porque aseguró que esa tarea ya está cubierta por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que esta decisión "a día de hoy lo único que provoca es un aumento del gasto en seguridad" en las cárceles españolas, en palabras del presidente nacional de la UGC, Ramón Rodríguez.
También mostró su oposición a esta medida el secretario de la Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Castilla y León, Ovidio Martínez, quien consideró que se trata de "una auténtica privatización encubierta" de un servicio "perfectamente gestionado por las Fuerzas de Seguridad del Estado" y en un momento de "austeridad y congelación de puestos públicos", y planteó sus sospechas de que, aunque desde el Ministerio del Interior se asegura que se trata de un refuerzo temporal y limitado, "no sea más que el inicio para abrir los centros penitenciarios y que luego sean gestionados por empresas privadas".
Martínez explicó que el sindicato no entiende esta decisión porque, si se considera que hace falta reforzar la seguridad en la prisiones lo más sencillo es aumentar la oferta de empleo público para sumar nuevos guardias civiles y policías nacionales, e insinuó que detrás puede haber "un interés oculto" de beneficiar "los intereses personales de altos cargos y ex altos cargos de la Administración", entre los que citó al ministro de Defensa, Pedro Morenés, "presidente hasta el 1 de enero de 2012" de una de las seis empresas adjudicatarias de este servicio en UTE, y al exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, relacionado con otra de esas firmas.
Ambos explicaron que esta decisión afecta a cuatro cárceles de Castilla y León, las de Mansilla de las Mulas (León), Dueñas (Palencia), Topas (Salamanca) y Valladolid, con dos nuevos puestos de 24 horas para vigilantes privados en las tres primeras y cuatro puestos en la última, tres de 24 horas y uno de 12 horas, que estaba previsto que empezarán a trabajar hoy lunes y que estarán nueve meses de periodo de pruebas.
"No sustituyen la labor de los guardias civiles (que se ocupan de la seguridad en la mayoría de las prisiones de España), sino que es un incremento que no parece que tenga mucho sentido ", aseveró el presidente de la Unión de Guardias Civiles, quien añadió que, pese a que este servicio está "tan mermado de efectivos como cualquier otras unidad territorial" del Instituto Armado, "no hay ningún indicio hoy de que se necesite más seguridad en las prisiones" y "el servicio se cubre perfectamente", como lo demuestra que en los últimos años no haya habido ni fugas ni motines.
Rodríguez destacó que también están en contra de esta medida "privatizadora" adjudicada con "un oscurantismo muy grande a una UTE de seis empresas" la Jefatura de la Guardia Civil y los jefes de comandancia, pero que les han trasladado que se trata de algo "impuesto por la Secretaría de Estado de Seguridad".
Además, lamentó el "desasosiego" que esto está causando en la plantilla de guardias civiles que trabajan en las prisiones, que recordó que son "los peor pagados" de la Benemérita, porque apuntó que no creen que no les vaya a afectar como defiende Interior.
Por su parte, el responsable de la Federación regional de Servicios Públicos de UGT aclaró que esos vigilantes privados no pueden ir armados y que sus labores se limitan a vigilar los accesos a los centros penitenciarios y las cámaras de seguridad por lo que, si se da "una circunstancia especial" como una fuga, "solo pueden llamar a la Guardia Civil porque ellos no tienen potestad para hacer detenciones".
Por ello, insistió en que, en opinión de UGT, esta decisión "a la larga" sólo va a generar "más gasto y una merma de la buena gestión actual", como está pasando en otros servicios públicos que se han privatizado total o parcialmente.
En todo caso, tanto Martínez como Rodríguez quisieron hacer un "reconocimiento" a la labor realizada por los miembros de la seguridad privada años atrás en el País Vasco como "escudos" de políticos y altos cargos de la Administración amenazados por ETA, pero remarcaron que no deben estar en las prisiones.