La reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, plantea una reducción del 45,4% con respecto a 2011 de la financiación que reciben las corporaciones locales para cubrir servicios sociales de atención básica. En concreto, las comunidades autónomas recibirán por parte del Gobierno central 47 millones de euros.

Además, la reforma tiene previsto llevar a cabo un recorte del 15% en la prestación económica que actualmente reciben las personas que se quedan en casa para cuidar de sus familiares dependientes, unas prestaciones que según la norma debían ser excepcionales y que se han generalizado.

   Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social de Canarias, Inés Rojas, que ha atendido a los medios de comunicación tras abandonar el Consejo Territorial de Dependencia que reúne esta tarde en Madrid a la ministra Ana Mato y los responsables autonómicos del ramo para analizar la reforma que, según las previsiones del Gobierno, debiera aprobarse este viernes en Consejo de Ministros.

   Asimismo, ha apuntado otras medidas previstas en la reforma, como la eliminación de los niveles de gravedad (1 y 2) con los que actualmente se cataloga a los dependientes de cada grado y la ampliación a cinco años el carácter retroactivo de las prestaciones, actualmente fijado en tres. No obstante, los usuarios no tendrán derecho a recibir las ayudas que les correspondan con carácter retroactivo más allá de un plazo de dos años.

   En cuanto al Real Decreto que revisará el copago, asunto que también se ha visto en la reunión, Rojas ha apuntado que "se ha mejorado" el texto inicial incluyendo aportaciones del sector de la discapacidad y ha concretado que se ha aumentado finalmente el tramo fijado del IPREM como referencia de la capacidad económica del usuario "para que las personas con menos renta no paguen tanto".