Desde el pasado 20-N, han transcurrido meses de intensa productividad desde el Ejecutivo, especialmente en el plano de las reformas y el ajuste de la economía; medidas que han sido aplaudidas en Europa pero que en nuestro país han tenido contestación social, tal y como se vio en la huelga general del pasado 29 M.

Lo dejó claro en su discurso de investidura: ha de haber una prioridad por encima de todas las cosas. Empezó con una mala noticia: una herencia de dos puntos más del déficit público de lo que se esperaba. Ha tenido que pisar el acelerador en un calendario de reformas bastante apretado, como la del sistema financiero, y una batería de medidas para sacar a España de la crisis, como el plan de proveedores.

Rajoy ha llegado incluso a desafiar a Bruselas para cambiar las exigencias de nuestro déficit. Gracias a ese órdago finalmente se quedó en el 5’3, frente al 4’4 que demandaban.

Pero en estos cien días también ha recibido golpes. Algunos ya los preveía, como la respuesta a su reforma laboral. Otros no los vaticinó, como los resultados de Asturias y Andalucía, donde no ha podido extender el poder autonómico popular.