El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo para ampliar, hasta el 15 de julio, el plazo para que las entidades locales contraten trabajadores y realicen inversiones en el marco del Decreto-Ley por el que el Gobierno de Castilla y León acordó destinar a este fin los 125 millones de euros que la Junta había presupuestado para dotar en 2009 del Plan Plurianual de Convergencia Interior.
Con esta decisión los ayuntamientos y diputaciones podrán continuar con las inversiones y realizar contrataciones con los fondos que aún están disponibles para generar empleo en el medio rural y dinamizar la economía. Inicialmente, se había previsto el 15 de mayo como fecha tope para presentar las iniciativas. De igual manera, el plazo para justificar dichas actuaciones se extiende hasta el 15 de septiembre.
La decisión de dirigir los 125 millones de euros para dinamizar un Plan Especial de Empleo ha permitido, hasta el momento, contratar a 6.035 trabajadores con los 61,6 millones de euros destinados a tal fin; y generar 1.055 empleos con lo 33,9 millones de euros dedicados a inversiones.
Hay que recordar que, según el reparto inicial de esos fondos, 112,5 millones se repartirían entre los 2.233 municipios de la Comunidad con una población inferior a los 20.000 habitantes, según su población de derecho ponderada por el nivel de desempleo, de forma que cada habitante cuenta uno y cada parado cinco, a partir de los datos del padrón del 1 de enero de 2008 y del paro registrado en el mes de abril del año pasado.. Los 12,5 millones restantes se destinaban a las diputaciones para proyectos que impliquen a varios municipios.
En concreto, el Plan incluye tres líneas de actuación: la primera, dirigida exclusivamente a los ayuntamientos, está permitiendo que hagan frente al pago de facturas pendientes en operaciones correspondientes a inversiones.
La segunda finalidad, a la que se ha reservado la mayor dotación, tiene como objetivo la contratación, por un período no inferior seis meses, de personas desempleadas que estén empadronadas en Castilla y León al menos desde hace dos años y que, preferentemente, no cobren ningún tipo de subsidio ni prestación. A esta línea, las entidades deben destinar, como mínimo, un 60% de las ayudas. La tercera línea de acción permitirá financiar equipamientos, proyectos y obras.