El Tribunal de Cuentas de Castilla y León ha presentado en las Cortes un informe sobre la contratación de las empresas públicas ADE Financiación SA (actualmente denominada Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, SA); ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A.; Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (Provilsa); y Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl).
En un informe relativo a la contratación de estas empresas en 2011, el Tribunal de Cuentas apunta que las cuatro sociedades "cumplen razonablemente con la legalidad", pero critica, como resaltó durante su comparecencia el propio presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, que todas incumplen la Ley de Contratos del Sector Público de forma flagrante. De todas formas, y ante las acusaciones de los grupos de la oposición sobre presuntas responsabilidades penales, Encabo aseguró que no existen.
La procuradora socialista Ana Muñoz de la Peña, que calificó de "bochornoso" el sistema de trabajo de estas sociedades, en especial de Provilsa y Somacyl, aseguró que "si fueran empresas privadas, perderían todas las licencias, estarían intervenidas y serían sancionadas". En este sentido, expuso que ha quedado demostrado que ambas empresas no respetan los principios de concurrencia y libertad de acceso, publicidad y transparencia en los procedimientos de contratación.
"Estas empresas son un despilfarro de fondos públicos, en las que hoy, sin inversiones en obra pública, su única inversión son los salarios escandalosos, que en el caso de Somacyl superan una media de 153.000 euros anuales", reiteró Muñoz de la Peña. A la vez, aseguró que son sociedades "prescindibles" que se han dedicado a "usurpar" competencias a la consejerías y cuya desaparición supondría un ahorro anual a la Junta de siete millones de euros.
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José María González, afirmó que el "oscurantismo y el mercadeo de favores que hay detrás del funcionamiento de estas sociedades públicas son un ejemplo más de la corrupción y vienen a corroborar la sensación que se ha instalado en la sociedad de que ciertos ámbitos de la política están por encima de la legalidad".
Por su parte, el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes, Salvador Cruz, reconoció que es necesario subsanar errores y mejorar algunas cuestiones como el deber que tienen estas sociedad públicas de facilitar información en materia de contratación el Consejo de Cuentas y al Ministerio de Hacienda, pero insistió que en el informe del Consejo de Cuentas se destaca todas "cumplen razonablemente con la legalidad". Además, y ante las acusaciones de responsabilidades penales que se lanzaron desde la oposición, Salvador Cruz retó a Muñoz de la Peña y a José María González a acudir a los tribunales.
Al mismo tiempo, destacó que el peso de las empresas públicas en el conjunto de la Administración autonómica es mucho menor que en otras comunidades, y resaltó que uno de los objetivo de la Junta en esta legislatura es el de reducir a la mitad el número de empresas públicas.
Caída de la inversión
Por otra parte, Jesús Encabo también presentó hoy a la Comisión de Hacienda un informe sobre la situación y la actividad económico-financiera de la Comunidad relativo al ejercicio 2011, en el que se señala que las necesidades de financiación del sector público de la Comunidad se triplicaron entre 2008 y 2011. En el informe también se advierte de que la presión fiscal, fundamentalmente vía impuestos, se ha incrementado con respecto a 2008, situándose en 1.987,37 euros por habitante en el ejercicio 2011 y que la inversión ha sufrido un "notable" descenso, siendo en 2011 de 479,1 euros por habitante, aproximadamente la mitad de la existente en 2008.
Para Salvador Cruz, en este informe se refleja que el modelo de financiación autonómica aprobado en 2009 por el Gobierno ha sido negativo y se ha traducido en una notable caída de las transferencias del Estado. "A pesar de todo, Castilla y León se mantiene como la sexta comunidad menos endeudada", afirmó. A su vez, también culpó al nuevo sistema de financiación el incremento de la presión fiscal.
Por su parte, tanto PSOE como el Grupo Mixto coincidieron en señalar el incremento de la deuda, y denunciaron que está muy lejos de cumplirse la Ley de Morosidad, que estable un plazo de 60 días para pagar las facturas, dado que el sector público empresarial tardó en pagó en 2011 una media de 253 días, sesenta más que en 2008.