El Gobierno y la Junta de Castilla y León han suscrito un convenio para convertir en protegidas (VPO) 30.000 viviendas libres y conseguir así que los ciudadanos puedan acceder a inmuebles a un precio más asequible y que los promotores den salida a 5.250 millones de inversión que ahora están "ociosos".

Así figura en el documento rubricado en Valladolid por la ministra de la Vivienda, Beatriz Corredor, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quienes han considerado este acuerdo, el primero de estas características en España, como "ejemplar" para afrontar conjuntamente la situación de crisis actual.

Además del Gobierno y la Junta, el convenio lo han suscrito la Federación Regional de Municipios y Provincias, la patronal de la construcción, el Colegio Notarial, el Decanato de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos y las entidades financieras BBVA, La Caixa, Banco Santander, Caja España y Caja Duero.

"Es necesario encontrar un equilibrio entre el excedente de viviendas y la necesidad de las mismas" por parte de los ciudadanos, resume el convenio, que establece que al menos el 25 por ciento de las viviendas que se convertirán en VPO serán en régimen de alquiler y que los inmuebles tendrán unas características de superficie y coste equiparables a los catalogados actualmente como protegidos.

En este sentido, los constructores y promotores inmobiliarios que quieran poner en el mercado viviendas de este tipo tendrán que ofrecerlas a la Administración autonómica, que las anunciará en su propia web para que los interesados opten a ellas en las condiciones que actualmente rigen las ayudas ordinarias para el acceso a la vivienda.

Por otra parte, los compradores de estas viviendas deberán reunir los requisitos de ingresos máximos -que alcanzan hasta los 52.185 euros de ingresos familiares-, no ser titulares de otra vivienda y estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Castilla y León.

El presidente de la Junta ha asegurado que este acuerdo es un "buen ejemplo de concertación de voluntades" a favor de los ciudadanos, porque la presencia del Ministerio le da "fuerza y solvencia", en un momento en el que es restringido el acceso al crédito por parte de las familias y los constructores.

Herrera ha pedido que esta herramienta no sea tomada por los promotores inmobiliarios "en términos de negocio, sino en términos de oportunidad" para sacar al mercado viviendas que en las condiciones actuales no se venderán y que, por tanto, tendrán que rebajar su precio cerca del 26% para adaptarlas al precio medio de las VPO.

Por su parte, la ministra de la Vivienda ha afirmado que el acuerdo firmado con la Junta es un "buen ejemplo y abre el camino" para demostrar que "sí es posible el consenso en beneficio de los ciudadanos".

Ambos dirigentes han destacado la importancia de este sector sobre la creación de empleo y han coincidido en que debe replantearse el criterio de construcción para que la oferta se ajuste a la demanda de viviendas.

"El mercado no está varado, sino que se ajusta a las necesidades reales", ha analizado Corredor para referirse al momento actual, cuando la venta de viviendas repuntó en el cuarto trimestre de 2009 tras casi tres años de caídas y aumentó un 4,1 por ciento.

Herrera ha pedido sin embargo que este tipo de "medidas transitorias" se vean acompañadas por otras "estructurales" para que no se repita la situación actual de saturación del mercado inmobiliario y ordenarlo para ajustar oferta y demanda.

El presidente de la patronal de la Construcción, Emiliano Alonso, ha pedido a todos los firmantes que unan sus fuerzas para "tirar para adelante" en beneficio de la creación de empleo, ya que "no todo es tan terrible como para tener que esperar tres años para crear empleo".