El gobierno regional da luz verde al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas para 2013, más conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos.

La norma mantiene la bonificación en las donaciones de dinero para la creación o ampliación de empresas, recupera el Impuesto sobre Sucesiones para familiares directos con rentas altas, elimina el céntimo sanitario del gasóleo profesional, contempla la extinción de la empresa pública Provilsa y constituye un fondo para compensar posibles suplementos territoriales en la factura de la luz derivados de la Ley del Sector Eléctrico.

Los ingresos procedentes de las tasas y tributos cedidos a la Junta han disminuido progresivamente desde 2007. Esto se debe a que en su mayoría están vinculados a la compraventa de inmuebles y la firma de hipotecas y otros documentos notariales.

Esta merma de recursos hace difícil mantener el nivel actual de beneficios fiscales, que tienen un coste para las arcas públicas. De ahí que el Gobierno de Castilla y León haya decidido reservarlos para los ciudadanos con menos posibilidades económicas.

Así lo refleja el proyecto de ley de acompañamiento para 2013, que impone un límite de renta para acceder a las ventajas tributarias que aún no lo tenían, como ya anunció el presidente del Ejecutivo de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

La filosofía del ‘que paguen más aquellos que más tienen’ se traslada también a un impuesto de por sí progresivo, el de Sucesiones, que se recupera sólo para las familias con más patrimonio. En concreto, la Junta mantiene la bonificación del 99% de padres a hijos y entre cónyuges para los primeros 175.000 euros de base imponible. Cuando se supere esa cifra, el excedente tributará a los tipos generales.

La otra parte del tributo, el Impuesto sobre Donaciones, se modifica para restringir la reducción del 99% entre parientes directos a las entregas de dinero destinado a la adquisición de la vivienda habitual por jóvenes o discapacitados (por un importe de 120.000 y 180.000 euros como máximo, respectivamente), así como a la constitución o ampliación de una empresa individual o un negocio profesional en un plazo máximo de seis meses y con sede fiscal y social en Castilla y León.

En el primer caso se pretende facilitar el acceso a un hogar en propiedad de los menores de 36 años y las personas con minusvalía, mientras que en el segundo se busca incentivar la actividad económica.

Además y con el fin de proteger el tejido productivo ya existente en la comunidad, continúa bonificándose la transmisión ‘inter vivos’ en las empresas familiares.

En materia fiscal destaca, asimismo, la decisión del Gobierno autonómico de eliminar el céntimo sanitario del gasóleo profesional. Con ello se mitiga la pérdida de competitividad que ha supuesto la subida de este combustible para los profesionales autorizados a utilizarlo, que son los que se dedican al transporte de mercancías o pasajeros y los taxistas. La medida se hará efectiva por la vía de devolver a sus destinatarios los 4,8 céntimos por cada litro de carburante que supone ese gravamen.

Revisión de tipos en transmisiones y actos jurídicos documentados

El compromiso de la Junta con la estabilidad de las cuentas públicas obliga a generar nuevos ingresos que permitan cumplir el exigente objetivo de déficit para 2013, que se reduce a menos de la mitad respecto a este año (pasa del 1,5% al 0,7%).

Para lograrlo el Ejecutivo de Castilla y León ha optado por un aumento moderado de los tipos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Así, en los traspasos de inmuebles los primeros 250.000 euros de base imponible tributarán al 8% (ahora es al 7%), y a partir de esa cantidad lo harán al 10%.

Sube un punto el tipo de las transmisiones de bienes muebles y semovientes (hasta situarse en el 5%), el otorgamiento de concesiones administrativas (al 7%) y el tipo bonificado en la compraventa de viviendas de segunda mano (al 5%).

Se limita por renta la aplicación de ventajas fiscales en la adquisición de viviendas de protección pública y se establece un tipo incrementado del 8% en las transmisiones de objetos de arte, antigüedades y vehículos de turismo y todoterreno que superen los 15 caballos de potencia fiscal.

Paralelamente, en los actos jurídicos documentados se fija un porcentaje general del 1,5% frente al 1% actual; el tipo incrementado aplicable a los casos de renuncia de exención de IVA pasa del 1,5% al 2%, y se eleva del 0,3% al 0,5% el bonificado en las transmisiones de viviendas.

Dos nuevas tasas y cambios en otras siete

El Proyecto de Ley de Medidas crea dos nuevas tasas: por evaluación o emisión de informes previos a la contratación de determinadas modalidades de personal docente e investigador por parte de las universidades, y por la autorización o reconocimiento de compatibilidad con actividades públicas o privadas a los empleados públicos. Hay otros cambios, como la modulación de determinadas exenciones y bonificaciones en función de la riqueza, en línea con la intención del Ejecutivo de favorecer a quien más lo necesita.

Junto a esto, se modifican siete tasas: la de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales, para definir mejor el hecho imponible y determinar su devengo; las de caza y pesca, para que reflejen el coste de las actuaciones de mantenimiento y mejora del medio ambiente que desarrolla la Administración regional; la de servicios sanitarios, para incorporar dos nuevos supuestos relacionados con la tramitación de solicitudes; la de archivos y bibliotecas, para que tribute la entrega de copias de la historia clínica; la de expedición de títulos y certificados, para incluir la realización de pruebas en la enseñanza no universitaria, y la de industria y energía, para precisar la figura de las habilitaciones profesionales.

Como complemento de todo lo anterior, el articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año incluirá un aumento del 2,5% en el conjunto de las tasas de la comunidad, porcentaje que está por debajo del IPC.
Y las dificultades que atraviesa el sector del juego han llevado a la Junta a prorrogar a 2013 las medidas coyunturales aprobadas inicialmente sólo para este año, que están condicionadas a que las empresas mantengan el empleo y el nivel de actividad.

Plan de reestructuración del sector público

En el ámbito de las empresas públicas, la normativa aprobada este jueves 4 de octubre por el Consejo de Gobierno autoriza la extinción de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística SA (Provilsa). Se trata de un paso más en el cumplimiento del Plan de Reestructuración del Sector Público, que prevé que durante esta legislatura se reduzcan al menos el 50% de los gastos de personal y funcionamiento de los entes que se nutren de los Presupuestos. También desaparece un ente público de derecho privado, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral.

Por último, el texto legislativo contempla la creación de un fondo para compensar posibles suplementos territoriales derivados de la Ley del Sector Eléctrico, de modo que los habitantes de Castilla y León no se vean perjudicados frente a los del resto de España.