El informe semestral del Observatorio de la Dependencia que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sitúa de nuevo a Castilla y León a la cabeza en esta materia en España, con una valoración global de la prestación de 8,6 puntos, frente a una media nacional de 4. Junto a la Comunidad, aunque ya de lejos, superan el aprobado Andalucía (7,5); País Vasco (6,8); La Rioja (6,1); y Castilla-La Mancha y Madrid (5,7 en ambos casos).

La Consejería de Fmailia e Igualdad de Oportunidades destaca que este informe constata tres aspectos fundamentales: que Castilla y León continúa liderando la atención la dependencia en España con diferencia sobre el resto de comunidades, que es la Comunidad que más empleo genera en dependencia -50 empleos por cada millón de euros invertido- y que al partir de atención plena en grados II y III está sabiendo absorber con rapidez a los nuevos dependientes de Grado I.

Es necesario destacar que, en este dictamen, la Asociación ha comenzado a utilizar un nuevo instrumento de valoración que incorpora una nueva escala de criterios más exigentes que los anteriores. Esto ha motivado que la nota media de las comunidades descienda casi un punto sobre el dictamen anterior.

El Observatorio sitúa a Castilla y León, con este nuevo instrumento de valoración, en 8,6 puntos, y publica también el dictamen en función de la escala que venía aplicando hasta ahora, para ver la correspondencia de puntuaciones, y señala que, según la escala anterior, a Castilla y León le corresponderían 9,2 puntos. Según el XVI dictamen tan sólo seis comunidades superan el 5 y doce se quedan por debajo de esa nota.

Así, por novena vez consecutiva el Observatorio Estatal de la Dependencia reconoce en su dictamen semestral a Castilla y León como la Comunidad española que mejor gestión realiza de la Ley de Dependencia.

Junto a esto, el Observatorio destaca dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que Castilla y León es la Comunidad que más empleo crea en torno a la dependencia. El Observatorio señala que la generación de empleos en dependencia en Castilla y León, con 50 empleos por cada millón de euros de gasto público, es la más alta de España, al tiempo que refleja que la Comunidad tiene una tasa de retorno del 40,4 por ciento, lo que supone que, por cada 100 euros de gasto público se recuperan 40 euros en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc.

El Observatorio concluye que esto se debe, entre otros factores, al impulso de la prestación económica vinculada, cuya cuantía fue incrementada en Castilla y León, y en que la Comunidad basa la atención en los servicios profesionales en lugar de las prestaciones económicas a las familias.

Castilla y León ha incrementado en los últimos seis meses un 63,2 por ciento las prestaciones del servicio de ayuda a domicilio, un 39 por ciento las del servicio de teleasistencia y un 32 por ciento las prestaciones para centros de día y de noche. Desde el Observatorio estiman que en Castilla y León hay más de 20.600 empleos directos vinculados a la atención a la dependencia, con un incremento de 4.000 empleos en el último año.

Por otro lado, el Observatorio también valora que Castilla y León, que partía de una situación de atención plena, está siendo capaz de absorber la atención de buena parte de las personas con Grado I de forma muy rápida. Castilla y León ya atiende a más del 90 por ciento de personas con derecho a prestación, 22 puntos por encima de la media nacional.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha incorporado ya a casi el 70 por ciento de los posibles beneficiarios de Grado I, hasta alcanzar casi las 17.000 personas, tres veces más que en junio, que eran algo más de 5.500, mientras que en el resto de las comunidades la media de incorporación de Grado I se sitúa en el 27 por ciento.

En los últimos seis meses Castilla y León ha pasado de atender a 62.117 personas dependientes con 77.511 prestaciones, a atender a 73.546 dependientes con 93.834 prestaciones. Es decir, casi 11.500 personas y 16.323 prestaciones más en tan solo seis meses, un 18,5 por ciento más de dependientes atendidos y un 21 por ciento más de prestaciones que en junio de 2015. 

Castilla y León reflejó en 2015 un incremento anual de personas atendidas del 18,5 por ciento, frente a la media nacional del 8,13 por ciento. En 2015, el gasto público en dependencia por población potencialmente dependiente se situó en Castilla y León en los 556,50 euros, frente a los 473,63 euros de la media nacional.

Nuevo instrumento de valoración

Como ya anunció la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales, el Observatorio Estatal iba a modificar los criterios de puntuación del mismo, y ha creado ya para el presente dictamen un nuevo instrumento de valoración que incorpora criterios más exigentes.

El nuevo instrumento y los nuevos criterios han provocado que se haya experimentado un descenso de casi un punto en la nota media nacional respecto a los datos de la anterior escala de valoración. Con el nuevo instrumento y los nuevos criterios Castilla y León, con 8,6 puntos, sigue siendo la Comunidad española que mejor gestiona la dependencia según el dictamen. El propio Observatorio publica también el dictamen en función de la escala que venía aplicando hasta ahora, para ver la correspondencia de puntuaciones, y señala que, según la escala anterior, Castilla y León obtendría 9,2 puntos.

De esta forma, y según el nuevo instrumento de valoración, Castilla y León consolida el liderazgo que ostenta en atención a la dependencia entre las comunidades autónomas con 8,6 puntos, frente a una media nacional que se queda en 4,01 puntos. Sólo seis comunidades superan el 5 y doce se quedan por debajo de esta puntuación.

Las puntuaciones de las comunidades que ofrece el Observatorio con el nuevo instrumento de valoración son las siguientes: Castilla y León 8,6; Andalucía 7,5; País Vasco 6,8; La Rioja 6,1; Castilla La Mancha y Madrid 5,7; Galicia 4,3; Asturias, Extremadura y Cataluña 3,6; Cantabria y Ceuta/Melilla 3,2; Murcia 2,9; Navarra 2,5; Baleares 2,1; Aragón 2,1; Canarias 0,7 y Comunidad Valenciana sin puntuación.

El nuevo instrumento de valoración y los cambios en la escala para establecer criterios más exigentes se basan en aspectos como que el criterio para valorar el porcentaje de las personas beneficiarias y de las solicitudes ya no se realiza sobre el total de la población sino sobre la población totalmente dependiente, lo que beneficia a las comunidades menos envejecidas; incorpora como nuevo el porcentaje de personas que no obtienen grado sobre el total de las personas dictaminadas; incorpora como nuevo el empleo generado por el Sistema de Dependencia; incorpora ratio de servicios de proximidad entre prestaciones económicas, o suprime el porcentaje de dictámenes sobre la totalidad de la población. De esta forma, la nueva escala pasa de tener 12 variables a 14.

Según los nuevos indicadores establecidos por el Observatorio, Castilla y León destaca y obtiene máxima puntuación en 12 de los parámetros de la nueva escala: en personas beneficiarias sobre el total de la población potencialmente dependiente se sitúa con un 9,82 por ciento frente al 7,15 por ciento de la media nacional;

Asimismo, registra el 14,94 por ciento en solicitudes sobre el total de la población potencialmente dependiente frente al 14,46 por ciento de la media; y el 9,9 por ciento en personas con derecho pendientes de servicio o prestación frente al 32,6 por ciento general.

Castilla y León también registra un 28,6 por ciento en equilibrio de servicios y prestaciones económicas frente al 45,3 por ciento de la media; y un 18,5 por ciento en incremento anual de personas atendidas frente al 8,13 por ciento de media. Otro dato son los 556,50 euros en gasto público en dependencia por población potencialmente dependiente frente a los 473,6 euros de media nacional.

La Comunidad genera 49,6 empleos en dependencia por millón de gasto público frente a los 35 de media nacional. Asimismo, sitúa en un 1,28 por ciento en ratio de prestaciones por persona beneficiaria frente al 1,25 por ciento de media.

Además, alcanza el 1,52 por ciento en ratio de servicios de proximidad, prestaciones económicas, centros de día o teleasistencia frente al 1,03 por ciento de la media; y asume una integración efectiva de la dependencia en la red de servicios sociales básicos; innovación y buenas prácticas y sistemas de información en tiempo real y modelo de seguimiento sistematizado.