Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado "injustificada parcialmente” e "improcedente” la deducción que se les practicó a los trabajadores de la enseñanza concertada por el recorte equivalente a la paga extraordinaria de diciembre de 2012, por lo que obliga a la Consejería de Educación a abonar 3 millones de euros a un total de 8.000 docentes del sector en la Comunidad Autónoma.
El fallo, que fue comunicado el pasado martes y puede ser recurrido, da la razón a la Federación regional de Enseñanza de Comisiones Obreras que interpuso a finales de 2013 una demanda de conflicto colectivo contra la detracción de las cantidades descontadas en la nómina de diciembre de 2012 a los trabajadores de la enseñanza concertada, la educación especial concertada y centros de asistencia y educación infantil concertada.
Con motivo del Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y su posterior adaptación a la Comunidad Autónoma, la Junta retiró, con efecto retroactivo, el complemento de analogía en la nómina de diciembre de 2012.
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León, Elena Fernández, declaró hoy que la sentencia del TSJ declara ilegal los recortes con carácter retroactivo a la entrada en vigor del real decreto sobre los derechos de las personas. De ahí que el tribunal obligue a la Consejería a reintegrar las cantidades deducidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2012.
A diferencia de otras regiones, Comisiones Obreras fue el único sindicato en Castilla y León que recurrió esta decisión contra los empleados de la enseñanza concertado. De ahí, la "grata sorpresa” y las "grandes expectativas” que generó la sentencia, tal y como apuntó Fernández. La secretaria de Enseñanza Privada de CCOO, Pilar Moreno, explicó que la mayor parte (7.000) de los trabajadores que se beneficiará del fallo corresponde a la enseñanza concertada, además de otros 400 de especial y 600 más de Educación Infantil.
La responsable de Enseñanza en CCOO anunció que, a raíz de la sentencia del TSJ, el sindicato presentará reclamaciones individuales y conflicto colectivo contra la decisión del Gobierno central, recogida en el real decreto, de limitar el día de vacaciones de los profesores a 22 días.
Algo que afectaba directamente a los funcionarios y personal laboral de la Junta que adquiere días por antigüedad. Por ejemplo, un empleado público genera un día más de vacaciones al cumplir 15 años de servicio y así sucesivamente hasta un límite de cuatro jornadas. "El real decreto dilapidó este derecho pese a ser, al igual que en el caso de la extra, un derecho adquirido y consolidado en el tiempo, que no puede ser aplicado con carácter retroactivo”, manifestó.
La reclamación, que afectará a los años 2012 y 2013, será para la devolución de las cantidades económicas correspondientes a esos días ante la imposibilidad de disfrutar de esas vacaciones. El sindicato también solicitará mantener ese derecho para los trabajadores que lo hayan generado antes del 14 de julio de 2012.