JUSTICIA

La fiscal superior de Castilla y León denuncia la falta de medios judiciales y policiales en la lucha contra la violencia de género

Lourdes Rodríguez Rey aboga por una reforma de la Ley de Enjuiciamiento para evitar la dilatación de los casos de corrupción.

Ical

La fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, denunció este lunes la falta de medios humanos y materiales de las fiscalías de la Comunidad, pero también de los Cuerpos y Fuerzas del Seguridad del Estado para combatir la violencia de género, a la vez que planteó la necesidad de establecer mecanismos para evitar que se incrementen el número de sentencias absolutorias como consecuencia de la retirada de la denuncia por parte de la víctima.

Rodríguez Rey, que compareció en la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León para informar sobre la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2017, también abogó por una reforma de la Ley de Enjuiciamiento para evitar la dilatación de los casos de corrupción, a la vez que también denunció que las reiteradas peticiones de dotar a las fiscalías de unidades de policía y de expertos para acelerar la instrucción de estos asuntos siguen en saco roto.

Con respecto a la violencia de género, Rodríguez Rey mostró su preocupación por el incremento de las sentencias absolutorias, que en el último año ha pasado del 25 al 30 por ciento, y reclamó la puesta en marcha de una red asistencial que empodere a la mujer desde el momento en que acude a presentar una denuncia hasta el final del proceso.

En este sentido, también denunció la falta de medios en la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como en los juzgados de guardia, para que el momento de presentar la denuncia se realice una valoración adecuada del riesgo. Además, criticó que aunque el Pacto de Estado contra la Violencia de Género está liberando más fondos públicos para luchar contra esta lacra, estas partidas no están llegando a la Administración de Justicia, ya que las unidades de valoración siguen sin tener dedicación exclusiva y los recursos de las oficinas de asistencia a las víctimas son ''mínimos''.

Además, en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también indicó que no disponen de los medios suficientes para hacer un seguimiento adecuado de las órdenes de protección que se dictan, a la vez que planteó la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones para evitar la ''dispersión de esfuerzos y recursos'' en la lucha contra la violencia machista y en la protección de las víctimas.

Con respecto a la corrupción, argumentó que la dilatada instrucción, además de poner en tela de juicio la credibilidad de la justicia y de provocar que se realicen juicios paralelos en los medios de comunicación, también sirve para que los investigados puedan destruir pruebas y para que muchos delitos acaben no siendo juzgados por haber prescrito.

Denuncias

A su vez, reclamó que el Gobierno asuma este problema y que lleve a cabo una modificación de la Ley de Enjuiciamiento para evitar que la fase de instrucción deje de estar ''sobredimensionada'' y se convierta en un campo abonado para los recursos de las partes. Además, también planteó que se incorporen medidas que ya tienen adoptadas otros países como la rebaja de penas para los acusados que colaboren con la justicia durante la investigación, que exista una protección real para el denunciante de casos de corrupción y que las propias administraciones establezcan canales para tramitar las denuncias.

En su intervención Rodríguez Rey también criticó que los esfuerzos por mejorar la agilidad de la Justicia han sido infructuosos y apuntó que como media desde que se incoa un asunto hasta su calificación por parte del fiscal pasan 280 días, y 339 desde que se califica hasta que se produce el señalamiento de juicio oral.

Con respecto a los delitos cometidos por menores, indicó que no hay variaciones llamativas, aunque sí apuntó el incremento del casos de violencia de hijos contra padres, así como las amenaza y acosos que se producen a través de las redes sociales. En materia de siniestralidad laboral, alertó de un incremento de los accidentes, mientras que respecto a la seguridad vial indicó que se observa una subida de las infracciones de personas mayores que conducen con el carné caducado.

Por su parte, los grupos de la oposición se hicieron eco de la falta de medios que denunció la fiscal superior. Desde Ciudadanos, José Ignacio Delgado calificó de ''casposa'' la lentitud en casos como la trama eólica, mientras que desde Podemos, Natalia del Barrio criticó que ''no existe justicia para los que más roban'' y aseguró que en el caso Caja España se cerró por la prescripción de los delitos. Mientras tanto, desde el Grupo Socialista Gloria Acevedo lamentó que las reivindicaciones de la fiscal superior se mantengan en el tiempo, pero aseguró que el cambio de Gobierno será beneficioso.

Por último, el portavoz 'popular', Ramiro Ruiz Medrano, indicó que mejorar la agilidad de la justicia es un reto que se debe asumir el Gobierno a la vez que indicó que uno de los caminos, a pesar de los fallos, debe ser la digitalización.