ECONOMÍA

El PSOE propone 82 enmiendas para recaudar 300 millones

  • Los socialistas piden a la Junta que realice auditorías a las empresas públicas y fundaciones y si no sirven, que las "elimine".
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Ical - viernes, 27 de enero de 2012

El Grupo Socialista defenderá 82 enmiendas parciales, además de la de la totalidad, al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, que permitirán un incremento de los ingresos del Gobierno regional de cerca de 300 millones de euros, según señaló durante su presentación el portavoz Hacienda en las Cortes, José Francisco Martín, quien aseguró que estas propuestas han sido las que “más alarma social” han generado en Castilla y León desde que gobierna el PP.

En su intervención, explicó que el modelo fiscal propuesto por el PSOE a través de estas enmiendas parciales permitirá ingresar a la Junta de Castilla y León 300 millones de euros, frente a los 250 que prevé con sus medidas el Gobierno de Herrera.

De esos casi 300 millones, el PSOE sacaría 120 con la imposición del impuesto de sucesiones para aquellas herencias donde cada uno de los preceptores supere la cuantía de 250.000 euros, tal y como explicó ayer el portavoz del Grupo y secretario autonómico, Óscar López.

Además de pedir la supresión del céntimo sanitario, el PSOE propondrá que la ecotasa no se aplique a las empresas de energía eólica y, por el contrario, sí se haga a las nucleares, una vez que todo parece indicar que la central de Santa María de Garoña continuará abierta. Con ello, dijo, se incrementarían los ingresos del Ejecutivo autonómico en otros 70 millones de euros.

Asimismo, con el incremento del tramo autonómico del IRPF a las rentas superiores a 120.000 euros (un punto) y 175.000 euros (dos puntos) o con el establecimiento de límites para determinadas deducciones que ahora mismo son para todos los contribuyentes la Comunidad ingresaría 54 millones de euros.

En este sentido, explicó que, por ejemplo, un matrimonio con unas rentas en la declaración conjunta de más de 60.000 euros puede desgravar por la contratación de una empleada de hogar o por el nacimiento de un hijo. Sobre ello, consideró que este tipo de deducciones se dejen para aquellas personas que en su declaración individual no superen los 30.000 euros o los 60.000 en la conjunta.

También proponen los socialistas el incremento del Impuesto de Patrimonio para aquellas personas que superen los 10,7 millones de euros, a las que se subiría la cuantía del 2,5 al 2,75 por ciento con lo que se obtendrían otros 45 millones de euros adicionales. Todo ello, con la filosofía, insistió Martín, de que “paguen más los que más tienen”.

Al mismo tiempo, recomendó a la Junta que, en lugar de subir todas sus tasas un 2,4 por ciento, elimine las bonificaciones a las empresas del juego con lo que se ahorraría otros diez millones de euros. En este sentido, criticó que este proyecto de Ley de medidas debería haberse llamado de regulación del sector del juego, dado que “la mitad de la ley” tiene que ver con este sector que “no tiene casi peso en el empleo y no produce valor añadido” a la Comunidad Autónoma.

“Frente a un modelo injusto, insolidario y que afecta a todos por igual, el PSOE propone un modelo progresivo, progresista y solidario para que paguen más los que más tienen”, aseveró José Francisco Martín, quien también reiteró la petición de que medidas como el incremento del horario de los funcionarios se elimine del proyecto de Ley y se negocie en el ámbito del Diálogo Social.

Además, finalizó con otras dos enmiendas relacionadas con el urbanismo, el turismo y el patrimonio. Con la primera de ellas, el PSOE pide a la Junta que en el periodo de seis meses realice auditorías en todas las empresas públicas y fundaciones para ver “para qué sirven” y si de esos estudios salen resultados que aseguran no funcionan, las “elimine” y sus funciones las asuma la Junta.

“Si hay algo que hacen que merece la pena que lo asuma la Juta”, remarcó, para asegurar que en “este conjunto de chiringuitos” está “el verdadero ahorro”. Finalmente, incidió en otra enmienda que pide una financiación incondicionada para los ayuntamientos hasta que se apruebe la nueva Financiación Local.

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