El secretario general de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, denunció este viernes la "dramática situación de la pobreza en Castilla y León" y que "va en aumento en los últimos años tras la masiva pérdida de empleos, la precariedad de los nuevos puestos laborales y la caída del poder adquisitivo de muchas familias, entre ellas las de los funcionarios y pensionistas".
Para la responsable regional de Prevención de Riesgos Laborales de la formación, Carmen Campero, la "alerta" es mayor si cabe ya que, si bien el volumen de personas en esa situación en la Comunidad "se ha mantenido", éstos "han pasado de encontrarse en una situación coyuntural a otra estructural".
Así lo afirmaron en la presentación del informe 'Radiografía Social de Castilla y León', con motivo de la celebración del Día de la Erradicación de la Pobreza', según los cuales el número de personas que llega a fin de mes con mucha dificultad se ha incrementado en casi tres puntos porcentuales en el último año, hasta los cerca de 265.000 en la Comunidad.
De acuerdo con el estudio, 24 de cada cien hogares no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos y tres de cada diez hogares ha sufrido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas y comunidad) en los últimos 12 meses.
Según detalló Campero, "cerca de 80.000 hogares castellanos y leoneses padecen pobreza energética", ya que "siguen sin poder permitirse mantener su vivienda a temperatura adecuada, una comida de carne o pescado dos veces a la semana, o mantener su coche, a la vez". En torno a 20 de cada 100 castellanos y leoneses se encuentran en riesgo de pobreza y sobrepasan los 40.000 aquellos que padecen carencia material severa.
Ella misma explicó que de acuerdo con los últimos datos de la EPA, se estima que en más de 40.000 familias castellanas y leonesas ninguno de sus miembros percibe ingreso alguno, casi el doble que en 2010. Y en 2014 el porcentaje asciende al 12,21 por ciento (una cifra que era del 7,33 por ciento en 2010).
Prieto explicó, por su parte, que el número de personas que viven en hogares con baja intensidad de trabajo ha experimentado en Castilla y León una fuerte subida desde 2009, pasando del 8,3 al 12,8 por ciento actual. En total, apuntó, hay 226.000 personas de cero a 59 años que viven en hogares donde sus miembros en edad de trabajar lo han hecho menos del 20 por ciento de su potencial total de trabajo en este año.
También incidió el secretario general en que "más de 150.000 personas son parados que llevan más de un año buscando trabajo, cuando antes de la crisis eran tan sólo 20.000 y cerca de 100.000 personas llevan más de dos años desempleadas, con lo cual ya no percibe prestación".
Por su parte, Campero recalcó que "un tercio de los activos de Castilla y León vive en el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social, lo que significa que 370.000 personas de Castilla y León roza ese umbral o se encuentra ya en él".
"En Europa ya han puesto un nombre a las personas que reciben retribuciones salariales mínimas, condenadas a la miseria laboral. Los llaman 'working poor' y su situación se debe a la "erosión de las condiciones de trabajo que han venido acompañando a la explosión de las tasas de desempleo, pero también por la estrategia combinada de factores que se suman a la reforma laboral: precariedad contractual, ingresos bajos por salarios insuficientes, y trabajo efectivamente realizado y no pagado".
Eso ha derivado, para ella, en un "gran aumento de la desigualdad desde el inicio de la crisis, ya que la brecha en la distribución de la riqueza se ha incrementado, enriqueciendo a los que eran más ricos y empobreciendo a los que eran más pobres y a los que antes podían sobrevivir a duras penas".
"La tasa de riesgo de pobreza de las personas ocupadas ha aumentado en Castilla y León tres puntos porcentuales y se sitúa en el 24,4 por ciento, pese a que la consejera de Familia suele hablar de un 17,5 por ciento. Eso no es la realidad. Además, a otro colectivo como el de los mayores de 65 años lo tenemos perdido si ya están en esa situación de riesgo de pobreza, al que pertenece el 22,2 por ciento de ese colectivo, que durante estos difíciles años han sido además un colchón para sus hijos", denunció.
Carmen Campero se congratuló además de que Castilla y León cuente con una herramienta "muy buena y pionera" como la Renta Garantizada de Ciudadanía, si bien denunció que para evaluar su evolución "desde la Junta sólo ofrecen datos acumulados y desagregados que no permiten hacer análisis fiables".