El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio De Santiago-Juárez, ha explicado, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que "mañana por la mañana" remitirán al Gobierno de la nación un borrador de convenio en el que reclaman una transferencia finalista a los presupuestos de la Comunidad de los 150 millones de euros comprometidos por el Ejecutivo central para el Plan de Convergencia Interior.
Según explicó, el convenio recogerá inversiones en las consejerías de Economía y Empleo, Fomento, Medio Ambiente y un "pequeño proyecto" en Cultura y Turismo, todo ello dentro de las áreas de actuación prioritarias que están reflejadas en del Plan de Convergencia Interior.
Tras la reunión del Grupo de Trabajo de Infraestructuras y Equipamientos, enmarcada en la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autónoma, que tuvo lugar el pasado 19 de julio, el Gobierno autonómico ha estudiado los convenios suscritos por la Administración central con Cataluña y Baleares, y solicitará "igual trato" que el recibido por ambas regiones.
De Santiago-Juárez explicó que el convenio suscrito con Baleares, firmado el 29 de diciembre de 2009, recoge que se transfiera el dinero de forma finalista. Esa autonomía tendría de plazo tres años, entre enero de 2008 y finales de 2011, para justificar las inversiones. Por su parte, el convenio con Cataluña se suscribió el 21 de diciembre de 2009, y daba de plazo tres años a partir de entonces para justificar las inversiones.
De Santiago-Juárez aseguró que reprochará en privado al secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, su ausencia en la reunión mantenida en Valladolid el pasado 19 de julio, que se había cambiado de fecha para que éste pudiera asistir, así como que realizara declaraciones referidas a las inversiones previstas en Castilla y León "dos días antes a pie de piscina en la provincia de Segovia".
El consejero de la Presidencia aseguró que el convenio que remitirá "a primera hora de mañana" al Gobierno central requiere la inversión de los 150 millones reflejados en los Presupuestos Generales del Estado para Castilla y León, pese a que tras la reunión del Grupo de Trabajo de Infraestructuras y Equipamientos afirmó que debido a la actual situación económica no incluirían 75 millones que el Gobierno de la nación debería aportar a través de las empresas públicas dependientes del Ministerio de Medio Ambiente.
"Somos conscientes de la delicada situación actual, y así lo expusimos en aquella reunión, pero un día más tarde un alto representante del PSCyL aseguró que sí disponían de los 150 millones íntegros, así que si ellos dicen que disponen de esa cantidad, nosotros la vamos a reclamar. Pediremos los 150 millones y a ver qué nos dice el Gobierno central", concluyó.