El Pleno del Congreso aprobó este jueves el Cupo vasco con un rechazo del 10% de la Cámara, lo que suman los 32 diputados del Ciudadanos y los cuatro de Compromís, pero tampoco recabó el apoyo de Bildu, que optó por la abstención, ni del diputado valenciano de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, que prefirió no participar en la votación.
Los proyectos de ley de renovación del concierto económico con Euskadi y de la liquidación del Cupo vasco, negociados por el Gobierno del PP y la Lehendakaritza, han recibido el visto bueno del Congreso y se han remitido al Senado, que también los tramitará por la vía urgente con idea de votarlos la próxima semana, presumiblemente el miércoles. El compromiso es que estén en vigor el 1 de enero de 2018.
Además del PP y del PNV, los proyectos han sido refrendados por el PSOE, que gobierna en coalición con los nacionalistas en Euskadi, y por Unidos Podemos-En Comú-En Marea y los independentistas de Esquerra y del PDeCAT. A favor también votaron las formaciones canarias CC y NC, los foralistas navarros de UPN y Foro Asturias.
El pasado martes el Pleno del Congreso ya había aprobado la tramitación directa y en lectura única de ambos proyectos, lo que supuso que todas las fases parlamentarias se han sustanciado en un solo debate este jueves en la sesión plenaria.
En aquella votación sobre el procedimiento, Ciudadanos y Compromís ya votaron en contra, pero también hubo otros tres diputados que optaron por la abstención: el diputado valenciano de IU, Ricardo Sixto, en protesta por el retraso en resolver la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana; Oskar Matute, el único diputado presente de Bildu; y Pedro Quevedo, de Nueva Canarias.
Este jueves se votaron las enmiendas de totalidad de Ciudadanos contra los dos proyectos, y como se esperaba el partido naranja se ha quedado solo en su empeño por tumbar los que considera un "privilegio" que "alimenta el agravio comparativo" con las comunidades de régimen común.
Después se aprobó la Ley del Concierto Económico con el País Vasco, que regula el sistema especial de financiación de Euskadi, y al voto en contra se sumaron los cuatro diputados de Compromís, que según dijo su portavoz Joan Baldoví, no se oponen al régimen foral pero querían hacer un acto de "rebeldía" contra el Gobierno. A su juicio, es "indecente" que el Ejecutivo prime a Euskadi frente a comunidades "maltratadas", como la Comunidad Valenciana, sólo para garantizarse un apoyo a los Presupuestos y asegurarse, por tanto, "una año más en La Moncloa".
El diputado valenciano de IU también se ha negado a apoyar la Ley del Concierto, pero, en vez de abstenerse como hizo el martes, ha preferido no participar en la votación, aunque estaba en el hemiciclo. Su discrepancia tampoco es con la financiación vasca, sino que es una queja por la infrafinanciación valenciana.
Ciudadanos, Compromís y Sixto han repetido su posición en el segundo proyecto, el que regula el Cupo Vasco, pero esta vez también los dos diputados de Bildu se han desmarcado de la mayoría y se han decantado por la abstención, al discrepar con el cálculo de las cifras.
El rechazo de la oposición se ha quintuplicado
La última vez que el Congreso avaló la financiación especial del País Vasco fue en 2014, cuando se renovó la Ley del Concierto. En aquella ocasión sólo fueron siete los diputados que votaron en contra, esto es, un 2% del hemiciclo: los cinco de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y dos del PP --entre ellos el entonces portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso--, aunque en su caso fue por error.
Cinco años después, y en vísperas de un debate de financiación autonómica que parte de posiciones muy enconadas, el número de diputados de la oposición que dirán 'no' al concierto y al cupo vascos se ha quintuplicado, hasta los 36 que suman Ciudadanos y Compromís.
La ley quinquenal del Cupo para los años 2017-2021 fija la fórmula de cálculo de lo que Euskadi debe pagar al Estado, mientras que la Ley del Concierto Económico recoge distintas modificaciones.
La cifra base del Cupo será de 1.300 millones de euros anuales, pero en cada ejercicio el cupo líquido, lo que en realidad pague el País Vasco, variará según los descuentos que se apliquen por distintos conceptos y que no serán los mismos de un año a otro. Así, la cifra que se pagará este año ronda los 945 millones.
1.300 millones al año
Los dos gobiernos alcanzaron en mayo un acuerdo después de años de desavenencias sobre el cálculo del Cupo, la aportación que el País Vasco hace al Estado por los servicios que este presta en su territorio más una contribución a los gastos generales. Las diferencias correspondían al periodo 2007-2016, así como al cálculo de las políticas activas de empleo, cuyas competencias fueron transferidas a Euskadi en 2010.
Finalmente, las dos partes pactaron que el Estado devuelva al Gobierno vasco 1.400 millones de euros que se entienden cobrados de más, un dinero que se irá descontando de forma progresiva durante los próximos cinco años del citado Cupo: el 10% de los 1.400 millones se descontará del pago de este año, el 15% el año próximo, el 20% al siguiente, un 25% en el cuarto ejercicio y el 30% restante, en el último año.