La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la autorización ambiental otorgada en 2009 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a la mercantil catalana Distiller, S.A. para la instalación de una planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos en la localidad soriana de Ólvega.
La anulación se fundamenta en una anterior sentencia de 2007 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, confirmada el mes pasado por el Tribunal Supremo, que ha anulado el Programa de Infraestructuras del Plan de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010, según informaron a Europa Press fuentes de Ecologistas en Acción.
A la vista de la jurisprudencia europea, el nuevo fallo concluye que "procede declarar la nulidad de la Orden por la que se concede autorización ambiental [a Distiller], por cuanto que falta el presupuesto base de la existencia de unos planes de gestión que concreten los lugares en la forma establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas".
En relación a la actitud de la Junta de Castilla y León, la Sala señala que "no se acredita esta situación extrema de no contar con lugares de eliminación de residuos y lo que se acredita es una voluntad de no recoger unos adecuados planes, en la forma exigida por la Directiva, para, amparándose en esta cierta amplitud que permite la indicada sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, conceder las autorizaciones sin una previa determinación de un criterio planificado de ubicación".
35.000 TONELADAS ANUALES
La planta de Distiller en Ólvega tiene capacidad para el tratamiento de 35.000 toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos, procedentes en su mayoría de Aragón, el País Vasco, Madrid, Navarra y La Rioja. Fue inaugurada el pasado mes de marzo por la ex-consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, "firme partidaria de la importación de residuos tóxicos a la región como una oportunidad de negocio", tras obtener la empresa catalana unas subvenciones públicas de 4,5 millones de euros.
EA se ha felicitado por la sentencia del TSJCyL, que ayudará a cortar el tráfico de residuos tóxicos que ha convertido en los últimos años a Castilla y León en el principal receptor nacional de estos desechos, "gracias a las facilidades dadas por la Junta de Castilla y León para la instalación de todo tipo de instalaciones de tratamiento físico-químico, incineración y vertido", como, en su opinión, la ahora declarada ilegal, la nueva planta de la empresa también catalana Indureco en Venta de Baños (Palencia), paralizada judicialmente, las incineradoras de residuos peligrosos autorizadas en Carrión de los Condes (Palencia) y Medina de Pomar (Burgos) o la planta y el vertedero de residuos tóxicos de Cetransa en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
Por ello, EA demanda la urgente redacción de un nuevo Plan de Residuos Industriales que sustituya al ya expirado, con la participación de todos los agentes interesados, que priorice de manera efectiva la reducción (en especial de los residuos peligrosos), la reutilización y el reciclado de los residuos, ponga coto al tráfico de residuos tóxicos hacia Castilla y León y determine con suficiente precisión la naturaleza y localización de las instalaciones de eliminación y valorización necesarias para los residuos de la industria de Castilla y León, que deberían ser de titularidad pública en el caso de los tóxicos para extremar el control de su operación.