SEGURIDAD

La AUGC sospecha que la seguridad penitenciaria en Castilla y León pasará a agentes privados

  • La UGC denuncia que Interior pretende sustituirlos por los escoltas del País Vasco y Navarra que ya no prestan servicios de protección

rtvcyl.es

La Asociación Unificada de Guardias Civiles cuantifica en unos 430 los agentes que podrían abandonar la seguridad penitenciaria en las cárceles de Castilla y León. Hasta ahora, aproximadamente medio centenar prestan servicio en las prisiones de Mansilla de las Mulas (León), Villanubla (Valladolid), Soria y Dueñas- La Moraleja (Palencia); unos 70 lo hacen en Topas (Salamanca), 60 en Brieva (Ávila) y en torno a 80 en Burgos. La seguridad del centro penitenciario de Segovia corresponde al Cuerpo Nacional de Policía.

Fuentes de la AUGC aseguraron que estos guardias civiles dejarán de realizar servicios de "vigilancia estática" en el perímetro de las prisiones y pasarán a desempeñar otras funciones como el traslado de presos.

Otra parte de los agentes, en concreto los que pertenecen a las unidades que dependen del núcleo de servicios de la Plana Mayor, se incorporará de nuevo a su núcleo "a la espera de que se le asignen nuevas misiones".

Esas "nuevas misiones", según la información que maneja la AUGC, ya que por ahora no hay nada oficial, no implicarían la pérdida de destino. Esto es, los guardias seguirían adscritos a la misma cabecera de Comandancia. La Asociación, que se opone a la medida, se muestra confiada en que los cambios no afectarán al destino, porque de lo contrario supondría graves trastornos en la vida de los agentes y sus familias.

Los datos que hasta ahora han trascendido de la intención gubernamental no arrojan luz sobre las nuevas tareas que pueden ser encomendadas a los agentes, ni dejan claro cómo quedará estructurada la seguridad penitenciaria.

En cuanto a lo primero, desde la AUGC barajan la opción de que los guardias cumplan con servicios de seguridad ciudadana y refuercen así las patrullas que vigilan la provincia. No obstante, advierten que esto implicaría que los agentes empezaran a cobrar el complemento correspondiente, lo que supondría ya modificaciones a otro nivel que "no son nada fáciles".

Algunas fuentes de la AUGC advierten que la medida podría tener una mayor trascendencia de la que a priori se plantea y podría, incluso, afectar a otros servicios, como la vigilancia en edificios públicos.

La explicación que dan fuentes del Ministerio del Interior a esta medida es que "se ha propuesto" a los escoltas que cumplían con tareas de protección en el País Vasco y Navarra la posibilidad de que se incorporen a la seguridad penitenciaria. El motivo es que tras el cese de la violencia anunciado por la banda terrorista ETA muchos de los agentes pertenecientes a empresas de seguridad privada se han quedado sin ocupación.

Interior insiste en que la misión de los escoltas será de "refuerzo" y servirá para "complementar" la seguridad en el perímetro de las cárceles españolas que hasta ahora asumen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Fuentes del Ministerio sin embargo no concretan la forma de llevarla a cabo y si se instalará un modelo similar al que ya funciona en los aeropuertos, con vigilantes jurados en los puestos estáticos que están asesorados por un guardia civil. En este sentido, Interior "ni confirma, ni desmiente" nada, pero sí ratifica que "los guardias civiles no se van a retirar de las prisiones". Sea como fuere, el mando del servicio continuaría a cargo de la Guardia Civil.

La AUGC estima que estas modificaciones se van a acometer de forma "inmediata" y creen que en cuatro o cinco meses el proceso podría estar finalizado. Esta percepción es rebatida por fuentes de Interior que insisten en que se trata de "un estudio".

Respecto a la repercusión económica que podría tener esta medida, fuentes de la AUGC hablan de estudios que ponen de manifiesto que resulta más barato para las arcas estatales cubrir la seguridad penitenciaria con agentes privados que convocar más plazas públicas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La medida llega además en un momento en el que la tasa de reposición se ha quedado en el diez por ciento, por lo que la incorporación de vigilantes jurados contribuiría a reforzar la cobertura de vacantes, en este caso, en la Guardia Civil.