El pasado 7 de enero de 2010 la Abogacía del Estado ante el Tribunal de las Comunidades Europeas presentó escrito de contestación a la demanda presentada contra el Reino de España, en el que se da respuesta a todos los puntos argumentados por el abogado de la Comisión Europea.
Ni el Estado Español, ni la Junta de Castilla y León comparten la interpretación realizada por los denunciantes ni por los Servicios de la Comisión.
Todos los proyectos incluidos en la demanda han sido tramitados conforme a la normativa en vigor en su momento de aprobación. Algunos de los proyectos a los que se hace referencia en la demanda fueron autorizados antes de la entrada en vigor de la Directiva de Impacto Ambiental y de la Directiva Hábitats, que no son de aplicación con carácter retroactivo.
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Economía y Empleo, inició en 2009 la tramitación de un Plan Estratégico del Carbón en esa comarca para un horizonte del año 2020. Este Plan está actualmente en fase de evaluación ambiental, previsto en la normativa europea y española para la determinación de los efectos de planes y programas.
Por respeto al funcionamiento de los Tribunales, la Junta de Castilla y León no entra a valorar ningún otro elemento del contenido del escrito de denuncia, siendo el Tribunal de las Comunidades Europeas el que, analizados los argumentos y documentos de las partes en litigio, determine si se ha producido alguna vulneración del derecho comunitario.