Radio televisión de Castilla y León

España tendrá que rendir cuentas ante el máximo Tribunal Europeo por supuestas irregularidades en las explotaciones mineras a cielo abierto de León, propiedad de Vitorino Alonso. Aunque el responsable de la gestión ambiental es la Junta de Castilla y León, quien ha recibido estas denuncias es el Estado español por no vigilar el cumplimiento de la normativa comunitaria. Desde el Gobierno autonómico no se entra en valoraciones a la espera de la respueta de los tribunales.

El documento resulta demoledor con la Consejería de Medio Ambiente, autora de los informes de impacto ambiental de los cielos abiertos de Feixolín, Ladrones, Salguero-Prégame-Valdesagadas, Fonfría, Ampliación de Feixolín y Nueva Julia, todos en el municipio de Villablino y propiedad del empresario Victorino Alonso.

La comisión estima que "no se han tenido en cuenta los posibles efectos indirectos, acumulativos o sinérgicos sobre las especies más vulnerable como el oso pardo cantábrico y el urogallo".

Del texto también se deducen posibles infracciones cometidas desde el Ayuntamiento de Villablino, en lo relativo a las licencias ambientales y urbanísticas. La sentencia del Tribunal de Justicia europeo, será vinculante para futuras resoluciones judiciales. Está pendiente la caducidad de cuatro concesiones mineras en la misma zona y una multa de 129 millones de euros impuesta a msp.

A pesar de que en los últimos años las consejerías de Medio Ambiente y de Hacienda se han reunido en varias ocasiones con altos mandatarios de la Comisión Europea no han conseguido evitar un proceso judicial como este que crea un nuevo escenario de incertidumbre.

• La Junta no comparte la interpretación realizada por los denunciantes ni por los Servicios de la Comisión