El Gobierno colombiano pretende denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por acoger supuestamente en su territorio a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a los que Bogotá acusa de perpetrar crímenes contra la humanidad, informó en rueda de prensa el fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza Diago.
Mendoza informó de que le ha sido facilitada información de 60 acciones armadas de las FARC en territorio colombiano tras las cuales los guerrilleros se habrían refugiado en Venezuela.
El fiscal general informó de que el organismo que preside hará todo lo posible para que estas agresiones sean consideradas crímenes de guerra y de lesa humanidad, y por tanto responsables políticos venezolanos, entre los que podría encontrarse el presiente Hugo Chávez, tengan de rendir cuentas ante la CPI por su supuesta colaboración con las FARC.
"Si el Fiscal de la Corte Penal Internacional después de que nosotros presentemos la denuncia correspondiente, bien fundamentada con estas evidencias, lograra establecer que en esos actos coparticipan autoridades venezolanas, todas pudieran responder por eso" afirmó Mendoza en una rueda de prensa en la residencia presidencial colombiana que tuvo lugar después de que el fiscal general y la cúpula gubernamental se reuniera para trazar su estrategia en el conflicto con Venezuela.
"De tal manera, si la Fiscalía logra establecer eso y tenemos información de que las personas atacantes se refugian en Venezuela y las autoridades no hacen nada, sino por el contrario los apoyan, pues entonces podremos consolidar lo que va a hacer la denuncia ante la Corte Penal Internacional", añadió Mendoza en declaraciones recogidas por medios locales.
La raíz de este enfrentamiento entre Colombia y Venezuela está en la presentación este jueves por parte de Bogotá de pruebas que apuntarían a una supuesta presencia de las FARC en territorio venezolano. Esta presencia, según denuncia Bogotá, contaría con el visto bueno cuando no la colaboración activa de Caracas.
Venezuela ha negado estas acusaciones, formuladas por Colombia en una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), y ha reaccionado anunciando la ruptura total de relaciones con Bogotá.
Caracas, además, ha dado un ultimátum de 72 horas a todos los diplomáticos colombianos presentes en su territorio para que abandonen el país.