CASO GÜRTEL

El Supremo investigará si Bárcenas y Merino tienen cuentas en el extranjero

  • Monterde prorroga por novena vez el secreto de las actuaciones abiertas
  • El instructor destaca la conveniencia de que las partes no accedan a los nuevos informes
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EUROPA PRESS / Madrid - martes, 20 de abril de 2010

El instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, ha vuelto a prorrogar por novena ocasión consecutiva el secreto de las actuaciones abiertas por este órgano contra el senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado del mismo partido Jesús Merino, al objeto de incorporar nuevas diligencias a la causa, entre las que se encuentra "una comisión rogatoria para recabar datos de cuentas y operaciones realizadas en entidades bancarias con sede en otros países".

   En un auto fechado el pasado 15 de abril y hecho público, Monterde amplía el secreto de las actuaciones durante un mes más para todas las partes personadas a excepción de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que subsisten las "razones" que motivaron la prórroga del secreto del sumario el pasado 15 de marzo.

   El instructor destaca la "necesidad" de continuar manteniendo el secreto de las actuaciones en los términos que se ha venido acordando, ya que "su conocimiento por los afectados podría suponer un serio obstáculo para su debida culminación".

A este respecto, reafirma la "oportunidad y conveniencia" de impedir que las partes accedan al sumario en atención a "los hechos, datos y circunstancias puestos de manifiesto en los diversos informes y documentos que se han venido incorporando a esta causa especial".

   Monterde también explica que el mantenimiento del secreto de la parte de la investigación sobre el 'caso Gürtel' que está instruyendo "no se ve afectado o supeditado" por el levantamiento parcial del secreto que acordó el pasado 5 de abril el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ni a las causas que mantiene secretas para continuar las "diligencias pendientes", la "documentación intervenida" y las escuchas presuntamente ilegales que se realizaron a los imputados en la prisión de Soto del Real (Madrid).

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