Castilla y León contará con un Defensor del Usuario del Sistema de Salud, una institución que se encargará de intermediar entre los usuarios y la Administración autonómica.
Su principal objetivo será el de velar por el cumplimento de los derechos de las personas relacionados con su salud que podrán solicitar su intervención en supuestos de conflicto, y obtendrán la garantía de una respuesta motivada y un intento de aproximación a las distintas posturas.
El Defensor podrá supervisar la actividad que desarrollan todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados, que tendrán la obligación de colaborar en sus investigaciones.
Surge como un nuevo cauce de defensa de los pacientes que se sumará a otros que ya existen. Aunque carecerá de facultades ejecutivas, en su mano estará formular propuestas, recomendaciones y sugerencias a la Administración.
Esta figura es una de las principales novedades que recoge el proyecto de Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, que aprobó el Consejo de Gobierno, que llega para actualizar la norma que se dictó con anterioridad, hace ahora 15 años, y se adaptará a las exigencias recogidas en la reforma del Estatuto de Autonomía, garante del derecho a la protección integral de la salud.
Además de la figura del Defensor del Usuario del Sistema de Salud, se recoge por primera vez un concepto amplio de la salud, al superarse la vieja distinción entre atención sanitaria y salud pública.