Los responsables de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL) han cifrado en más de 8,6 millones de euros las pérdidas a las que tendrán que hacer frente los agricultores de la Comunidad Autónoma como consecuencia de la superación de las superficies bases nacionales de secano y regadío.
UCCL ha realizado esta estimación en base a los datos ofrecidos por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) a 23 de julio de 2009, según los cuales los agricultores de Castilla y León van a dejar de ingresar más de 8,6 millones de euros una vez que se apliquen los coeficientes de ajuste a las superficies declaradas de las Solicitudes Únicas de la PAC de 2009 que serán para secano y regadío respectivamente 7,5 y 4%.
En concreto y según precisó la OPA en un comunicado de prensa, la aplicación de las citadas reducciones en la Comunidad, a falta de conocerse la que se pudiese aplicar por superación del límite financiero, viene a suponer que, aproximadamente, 198.203 hectáreas de secano y 14.694 de regadío se van a quedar este año sin recibir ayuda acoplada de la PAC esta campaña.
UCCL ha explicado que estos datos surgen al comprobar cómo la superficie base nacional establecida para España desde la Unión Europea es para el secano de 7.256.617 hectáreas y se han declarado en la campaña 2009, según las fuentes del FEGA a 23 de julio, 8.006.201 en el conjunto nacional lo que supone una superación de más de 750.000.000 hectáreas; mientras que en el regadío el sobrepasamiento alcanza casi las 17.000 hectáreas teniendo en cuenta que las incluidas en las distintas Solicitudes Únicas de las PAC ascienden a 1.335.404 frente a las 1.318.169 que están establecidas como superficie base nacional.
"Esta reducción de ingresos viene a acentuar la mala campaña con una producción muy baja (el 40% de un años normales) que ha hecho que muchos agricultores ni cosechasen sus parcelas con una desmedida subida de los principales factores de producción de las explotaciones, especialmente los abonos y el gasóleo agrícola", lamentó UCCL.
UCCL recordó por último el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino tiene que hacer público antes del 15 de noviembre a la Unión Europea el coeficiente reductor establecido.