EDUCACIÓN

La Asociación de Directores de institutos teme la aplicación de la Lomce en ESO y Bachillerato el próximo curso

Apuesta por una norma básica inmediata para que los centros puedan comenzar a trabajar con previsión

Ical

La Asociación de Directores de centros educativos de Secundaria Castilla y León ha mostrado su preocupación por la implantación el próximo curso de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en primero y tercero de la ESO y primero de Bachillerato, después de la “precipitada” implantación de este curso en la Formación Profesional Básica que se ha hecho, a juicio del presidente de esta asociación en Castilla y León, Jorge Casquete, “con falta de recursos y con ausencia de una regulación normativa”.

Según explicó, todavía no se han publicado los currículos de estos cursos por parte del Gobierno, paso previo al desarrollo de las comunidades autónomas. “La demora es muy grande porque hay tareas posteriores que necesitan un tiempo”, subrayó, para advertir de que si se repite la situación de este curso será “caótico para el sistema educativo”. Adicale apuesta por “una norma básica ya, inmediata para que los centros puedan trabajar con la ley”, añadió el vocal de la asociación Francisco Tomillo.

Asimismo, denunció el retraso en los pagos del presupuesto para los centros que, a estas alturas de año, todavía resta por recibir el 40 por ciento por parte de la Junta, a la vez que censuró que las sustituciones de docentes no se produzcan hasta que hayan pasado diez días laborables.  

En ese sentido, Casquete reiteró su “insatisfacción”, tal  y como se puso de manifiesto en la reunión de la Federación nacional de asociaciones de directivos de centros educativos, celebrada a finales de noviembre, por el “sesgo gerencial” que la Lomce establece a la función directiva lejos del liderazgo pedagógico que han de tener.

Finalmente, también criticó el plan de la Junta ‘Gradua2’, por considerarlo discriminatorio con el resto de alumnos dado que, entre otras cosas, los que se acojan a este programa tendrán preferencia en la elección de titulaciones en detrimento de quienes aprueban la ESO de forma reglada. También criticó la partida de 2,8 millones que, a su juicio, podría dedicarse a la sustitución inmediata de profesores.